Policías repentinamente «enfermos», funcionarios que convocan movilizaciones y un concejal que anuncia que no mercadeará dibujan un complicado escenario
01 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Cuando se trata de la negociación colectiva del Concello de Pontevedra, casi nada sorprende. No es nuevo que algunos de los sindicatos municipales pidan la dimisión del concejal delegado de Personal. Tampoco que una buena parte de los policías locales con servicio asignado a algún evento concreto caigan repentinamente enfermos. Ni que se anuncien movilizaciones para presionar en la negociación de la Relación de Postos de Traballo (RPT). Y tampoco es nuevo que desde el gobierno local se mantenga una postura de aparente inflexibilidad una vez que se entiende que se ha llegado al tope de lo que se puede ofertar.
Todo el guion se está repitiendo en estos días, y la fractura, una vez más, parece inevitable. El escenario se antoja complicado, si bien ni el concejal en quien recae en este mandato la responsabilidad, Vicente Legísima (BNG), ni la junta de personal da por rota la negociación -el miércoles está prevista una nueva reunión-, pese a que algunos delegados sí la ven fracturada.
Para dentro de una semana,, el lunes 7, está convocada una movilización para sacar el problema a la calle y, según indicaron ayer fuentes de la junta de personal, «para que la junta de gobierno se dé por enterada del conflicto». Es decir, que la problemática trascienda del despacho de Legísima. Antes, para el viernes 4, los delegados sindicales en la Policía Local anuncian una cacerolada a las puertas de la cena que organiza ese día el BNG y a la que asistirán cerca de 2.000 personas.
Repentina indisposición
Precisamente, estos delegados están protagonizando el pulso mayor con el gobierno. De hecho fueron representantes sindicales de la Policía Local los que pidieron públicamente la dimisión de Legísima, antes incluso de que se reuniera la asamblea general de funcionarios del Concello.
Además, en el marco del conflicto hay que situar la repentina indisposición de 14 de los 20 policías locales que el pasado sábado estaban asignados al control de una prueba ciclista que se celebró en las calles del centro de la ciudad. Nueve de ellos comunicaron que estaban enfermos antes de entrar de servicio, y cinco más cuando ya habían entrado. Desde el gobierno local se ve una «huelga encubierta» en esta actitud, similar a la que ya mantuvieron miembros del colectivo en otras ocasiones.
Legísima anunció ayer que habrá una investigación sobre esas repentinas bajas, que no son tales sino enmarcadas lo que se denomina «días de reposo», que el Concello amplió de 4 a 7. Los funcionarios afectados solo tienen que aportar un justificante médico sobre su «indisposición», sin tramitar una baja formal por enfermedad.
El concejal se mostró ayer dispuesto a seguir negociando «pero sempre dentro duns límites racionais», y «sen entrar nun mercadeo». Legísima explicó que la propuesta del gobierno local supone un importante incremento retributivo que se sitúa en torno al 7 % de manera general. Aportó cifras concretas. Así, mientras el capítulo de personal del presupuesto liquidado del 2017 ascendió a 19,7 millones de euros, la propuesta actual del gobierno incrementaría esa cifra en 1,4 millones de euros: 296.000 serían por el 1,5 % impuesto por el Estado, y el resto lo que ofrece el Concello esto supondría un incremento del 7 % en las retribuciones a los funcionarios municipales.
Salarios
Pero Legísima también se quiso referir a la propuesta que se hace y la conflictividad concreta en el seno de la Policía Local, por ser este el colectivo más beligerante. Aseguró que el salario base de un agente asciende a 25.161 euros anuales, y que los sindicatos rechazan una propuesta de incremento de 2.783 euros al año. Es decir, 232 euros mensuales si se calcula en 12 pagas, o 198 euros por catorce pagas. «A oposición sindical parece irracional, ou ben atende a outros motivos que non son a defensa dos traballadores», insistió el concejal.
«Esforzámonos por garantir os dereitos laborais»
El concejal de Personal, Vicente Legísima, sostiene, pese a lo que se defiende desde los sindicatos, que el aspecto económico es clave en las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores, y subrayó el esfuerzo que se hace desde el Concello en este sentido. «Levamos anos facendo esforzos por garantir os dereitos laborais e que os funcionarios perdan o mínimo posible pese aos recortes da crise», indicó.
El edil aludió a episodios como la paga de productividad que estableció el gobierno local en el 2012 para paliar la eliminación de una paga extra decretada por el Estado, y recordó que aquel episodio en que se defendió a los trabajadores municipales provocó un largo enfrentamiento en los tribunales. También subrayó que el Concello de Pontevedra no incrementó las jornadas laborales pese a las recomendaciones en este sentido, o que mantienen los días de asuntos propios que había fijados antes de la crisis.
Con todos esos precedentes, Legísima cree que los representantes sindicales de los funcionarios municipales «deben responder tamén diante dos cidadáns, porque os seus salarios saen dos cartos dos pontevedreses».