Juzgan a quince integrantes de una red de hachís que operaba a caballo entre Almería y Pontevedra

Alfredo López Penide
L. Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA CIUDAD

GUARDIA CIVIL

30 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El 25 de enero del 2009, la Guardia Civil de Pontevedra interceptaba un vehículo que, procedente de Granada, tenía como destino Sanxenxo. En su interior, los agentes del instituto armado localizaron cerca de treinta kilos distribuidos en dos mochilas.

Las detenciones de los ocupantes del vehículo fueron el colofón de una investigación que se había iniciado a finales del 2007 y que ahora sentará en el banquillo de los acusados a quince personas a las que se considera integrantes de una red internacional de tráfico de estupefacientes que operaba a caballo de Almería y Pontevedra. Las penas a las que se enfrentan los procesados, entre los que hay vecinos de la ciudad del Lérez, se mueven entre el año y nueve meses de cárcel, y los diez años de prisión.

Esta organización, según reveló en su día la Guardia Civil, estaba especializada en recoger en alta mar la droga procedente del litoral africano a bordo de grandes embarcaciones neumáticas. Tal era la capacidad de estas lanchas que los investigadores sostienen que podrían trasladar sin problemas entre seis y ocho toneladas de estupefacientes, los cuales eran, posteriormente, ocultados en veleros, yates y otras embarcaciones de recreo para cubrir los últimos tramos de la ruta marítima.

Ya en puerto, los alijos eran trasladados a vehículos para su distribución en distintos puntos del territorio nacional o, incluso, países de Europa central. En el caso de la rama pontevedresa, según revela la agencia Europa Press, «los acusados se distribuían labores de guardería, alquiler de vehículos, transporte y compraventa en su destino».

Añade que, además de los arrestos practicados en su día, la operación policial conllevó la realización de una docena de registros en domicilio y naves industriales de Almería, El Ejido, Adra, Granada y Pontevedra.

A este respecto, el fiscal resalta que un funcionario de Vigilancia Aduanera, J. P. R., colaboraba con este entramado facilitando «información privilegiada» sobre «horarios de patrullas y del helicóptero». Por su parte, un hermano de este, F. P. R., marinero en el puerto de Almerimar (El Ejido), supuestamente buscaba atraques seguros para que las narcoembarcaciones pudieran pasar desapercibidas.