El conflicto entre Ambulancias Pontevedra y sus trabajadores, en manos de un mediador
PONTEVEDRA CIUDAD
La plantilla está a la expectativa ante la decisión del AGA sobre la inaplicación del convenio colectivo
24 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Ya hay fecha. Será el próximo 5 de abril, a las 10 horas, en el Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago. Ese día tendrá lugar una reunión entre la empresa Ambulancias Pontevedra, los representantes de los trabajadores y el mediador, José María Casas de Ron. Sobre la mesa está la solicitud de la empresa de inaplicación del convenio colectivo. Se trata de una decisión conocida el pasado octubre y a la que se agarra la patronal del sector. Ambulancias Pontevedra, que tiene adjudicado por el 061 el transporte sanitario urgente en Pontevedra, Marín y Bueu, sostiene que no tiene capacidad económica para mantener el acuerdo. Los sindicatos consideran que las condiciones económicas a la baja del concurso convocado por la Xunta a finales del 2014 están en la raíz del problema.
La reunión de mediación del Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais e Solución de Conflitos de Traballo (AGA) iba a ser el 26 de marzo, a las 10 horas, pero se suspendió a petición de Ambulancias Pontevedra. Así lo indicó este viernes uno de los portavoces de los trabajadores, Alfonso Boullosa (UGT). «La suspensión la pidió la empresa y no especificó el motivo, solo dijo que no podía asistir ese día», señaló.
La plantilla está a la expectativa y temerosa de que el mediador acepte los argumentos de la empresa para no aplicar el convenio. Un escenario que, de darse, daría vía libre a Ambulancias Pontevedra -del grupo Ambuibérica- para no mantener las condiciones laborales actuales de sus empleados.
A la incertidumbre generada por la solicitud de inaplicación del convenio colectivo por parte de algunas empresas se suma una amenaza de huelga en el sector de ambulancias de toda Galicia. Una medida que anunció la CIG el pasado martes en Pontevedra si la Xunta no interviene. Delegados de la central nacionalista denunciaron ese día el «colapso» en el que se encuentra el servicio de transporte sanitario urgente y no urgente en el área de Pontevedra.
Desde las filas de la CIG se auguró un «estoupido» del sector si la Administración no soluciona las problemáticas derivadas del escaso presupuesto que se fijó en el concurso de adjudicación del servicio y de la falta de renovación del convenio colectivo. Un acuerdo laboral que lleva dos años sin apenas negociación. Según el sindicato, la situación conllevó un incremento «moi acusado» de la carga de trabajo y un empeoramiento de las condiciones laborales.