La grúa: mal contrato; peor negocio

La concesionaria Setex Aparki va a cobrar del erario público una recompensa por el bajón del número de enganches, a consecuencia del mejor comportamiento de los pilotos


La concesión de la grúa en la ciudad de Pontevedra se ha constituido en un ejemplo manifiesto de un mal contrato y de un peor negocio. Tanto para la adjudicataria, la firma Setex Aparki como para la Administración contratante, el Concello de Pontevedra; y en suma para nosotros, ciudadanos contribuyentes, pues será con cargo al erario público como se abone la compensación que la empresa exige y que el Ayuntamiento acepta pagar, dado que se establecía en las cláusulas del contrato vigente.

Sean los casi 30.000 euros por año como admiten los informes municipales; sean más de 50.000 por ejercicio como exige Setex Aparki, el asunto produce irritación en la opinión pública. Si ha mejorado el comportamiento general de los conductores pontevedreses, lo que rebaja el número de enganches de vehículos con la grúa… ¿por qué razón tenemos que terminar pagando todos como consecuencia de una mejor conducta?

Error de cálculo

Setex Aparki que es una empresa que detenta la mayoría de contratos de grúa en las principales ciudades de Galicia (además de un montón de concesiones por España adelante) viene explotando el guindastre en Pontevedra desde hace más de tres lustros, lo que le ha reportado millones de euros en ingresos.

Su llegada se produjo como alternativa a anteriores adjudicatarios cuya prestación estuvo alterada por huelgas y reclamaciones. En 2002, durante el primer mandato del BNG, Setex consigue la primera de una serie de adjudicaciones en precario que se prolongaron durante una década. En 2012 se negoció y firmó el contrato actual, vigente hasta 31 de diciembre de 2019. La concesión estableció que Setex Aparki obtendría un rendimiento anual de más de medio millón de euros por explotar la grúa en esta capital, a razón de realizar más de 4.100 enganches cada año. Dicho de otro modo: cada turismo que enganchasen reportaba 109 euros en el cajón de Setex. Para garantizar esos ingresos a la concesionaria, el Ayuntamiento permitió una severa subida de precios, de más del 30%. Si recuerdan se pasó de pagar 87 euros por enganche a 115, a los que hay que sumar el recargo por días en el depósito y la correspondiente multa, que suele ser de 100 euros, como mínimo.

Esos precios colocaron a Pontevedra como la segunda ciudad con la grúa más cara de Galicia, circunstancia que Raimundo González Carballo, concejal de Finanzas del Concello justificó entonces como «una medida paliativa, pues la grúa es un servicio deficitario que pretendemos que se pague por los infractores»…

Resulta evidente que se cometió un error de cálculo por ambas partes. Aunque da la sensación de que es más abultado el que corresponde a la responsabilidad municipal. Setex Aparki es una empresa que está para seguir ganando dinero en Pontevedra y por eso se cubrió las espaldas con la cláusula de compensación si los ingresos estaban por debajo de las previsiones, por que ya preveían que el negocio iría a la baja.

El Concello debería haber contemplado esa variable. Aunque solo fuera porque las políticas de calmado del tráfico y remodelación de espacios públicos condicionan los usos de las plazas de aparcamiento disponibles en vías urbanas, lo que conllevaba obligar a que los conductores mejorasen sus hábitos. Resulta obvio que el gobierno municipal no apreció que persistiría la curva descendente de infracciones y por tanto de enganches (apenas 3.000 en 2017), antes de firmar un contrato que le cuesta un pastón al erario público.

Rescate de la concesión

El problema es que la recompensa a Setex se la terminamos pagando todos los ciudadanos y no solo los que infringen, lo que contradice la filosofía que inspiraba la firma de aquel contrato, según las declaraciones públicas que entonces efectuaron tanto el alcalde como otros miembros del gobierno municipal de Pontevedra.

El gobierno de Miguel Fernández Lores tiene una opción que es, por cierto, la misma que el BNG le plantea a Alberto Núñez Feijóo con la Autopista del Atlántico: el rescate de la concesión. El alcalde tiene sobre la mesa la oferta de los concejales de Marea Pontevedra que desde 2016 vienen brindando sus dos votos para acordar la remunicipalización de diversos servicios, algo que está en el ideario del Bloque Nacionalista Galego.

La propuesta se planteó para la grúa. Pero también para las concesiones del agua y las basuras; el mantenimiento de jardines; el cobro de recibos o el servicio de ayuda en el hogar. Son muchos millones anuales que salen del erario municipal para pagar a Viaqua, Ferrovial, Recygest o Clece.

La propuesta de Marea se fundamenta en una base económica atractiva: actualmente uno de cada dos euros que gasta el Concello de Pontevedra se emplea en pagar a empresas que explotan servicios públicos que se han privatizado. Por eso proponen un argumento político suculento: para qué vamos a seguir pagando a concesionarias por servicios que ya son deficitarios y que podrían cubrirse de modo adecuado y dimensionado con trabajadores municipales.

La privatización de servicios públicos en general -que tantas veces ha encubierto pingües negocios, mordidas y chiringuitos vergonzantes- se justificó como un modo de adelgazar costes a las administraciones públicas. Si los hechos desmienten esa filosofía, algo se está haciendo rematadamente mal.

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