La reclamación para que Defensa desafecte el edificio de Las Palmeras está condenada al fracaso en contraste con los excelentes acuerdos de hace años
18 nov 2017 . Actualizado a las 20:52 h.El acuerdo plenario recién adoptado por mayoría de la corporación municipal para reclamar al Gobierno de la Nación que desafecte el edificio que alberga la Subdelegación de Defensa en Las Palmeras, para su pretendida conversión en una guardería infantil, suena sugerente pero cojea por la base. Parece más una utopía que inspira un acuerdo de cara a la galería que una resolución que vaya a tener alguna efectividad.
No hay razones para pensar que el ministerio tenga en mente deshacerse de un inmueble que es propio (fue vendido por el Ayuntamiento al Ejército) y que actualmente mantiene en uso con diversos negociados y servicios. Entre ellos, el personal que atiende las oficinas donde se tramitan los papeleos y pruebas de acceso a los aspirantes a cursar la carrera militar. Incluso en el patio interior del edificio se realizan periódicamente pruebas físicas de aptitud.
Si el inmueble no está descartado para Defensa, solo cabría la alternativa de la compra. Pero para que una potencial oferta pudiera sonar suculenta en Madrid habría que plantear una cifra por el inmueble que resultaría excesiva para la capacidad económica del Concello. Hagan el esfuerzo de imaginar en qué precio se podría valorar un inmueble como ese, de 1.000 metros cuadrados edificados y varios miles de metros más en finca, zona ajardinada y aparcamiento sitos en pleno centro y en medio del principal pulmón verde de la ciudad.
Apoyo coyuntural
La idea partió de Marea que ha decidido lanzar una ofensiva por tierra, mar y aire a través de sus cargos públicos locales, autonómicos y nacionales.
La moción municipal podría haberse quedado en un postureo sin mayor repercusión, pero Marea logró la aprobación de la mayoría del consistorio. De entrada consiguió enganchar al BNG. En su fuero interno el alcalde Lores y su equipo están convencidos de que la propuesta no tiene visos de prosperar. Pero supeditan a una causa coyuntural de mayor interés estratégico. No es descabellado sospechar que el voto a favor de los concejales nacionalistas tenga más que ver con el deseo de contentar a quienes parecen de nuevo llamados a ayudar a aprobar los presupuestos municipales del 2018. De hecho, el BNG lleva semanas haciendo guiños a los concejales de Marea.
El apoyo que también dieron tanto el PSOE como Ciudadanos a la propuesta sobre la sede de Defensa cabe enmarcarla en una mezcla de idealismo romántico y oportunidad política; el mismo cóctel que motivó que el PP no votase en contra y prefiriese abstenerse. Pero las intervenciones realizadas en el pleno corporativo supuraban escepticismo.
Momentos agridulces
En las últimas décadas el Concello de Pontevedra y Ministerio de Defensa vienen manteniendo una relación de amor-odio que se ha traducido en excelentes acuerdos y tercos desencuentros.
En ese relato resultaron muy gratos los convenios que permitieron reconvertir el antiguo Cuartel de San Fernando en la Facultad de Bellas Artes (hace ya 23 años) o el que posibilitó la recalificación de los terrenos que ocupaba el acuartelamiento de Campolongo. Esta última fue seguramente la operación inmobiliaria de más grosor económico que se haya realizado en Pontevedra en los últimos 20 años. En 2001, este periódico relataba que era «la más importante de la historia de Pontevedra, tanto por el volumen de la inversión, 120 millones de euros, como por el ámbito de la actuación». Solo cumple recordar que en lo que fue recinto militar, están construidos hoy en día el edificio administrativo de la Xunta; la nueva sede de la Agencia Tributaria; las instalaciones del club deportivo militar, un párking público subterráneo y media docena de edificios de uso residencial y de oficinas.
Negociaciones enquistadas
Contrastan aquellos excelentes resultados con la incapacidad de ambas instituciones para resolver la suerte del parque inmobiliario que detenta el Ministerio en la ciudad.
Desde que Tere Casal planteó en su etapa como concejala los contactos con ese departamento se han acumulado reuniones, acuerdos y fracasos. Y por medio incluso un largo contencioso judicial que aún se resolvió antes de verano cuando el Tribunal Supremo desestimó las reclamaciones de antiguos propietarios de terrenos donde se construyeron viviendas de los marinos en avenida Rosalía de Castro cuya titularidad fue confirmada al Ministerio. Algunas de esas casas, como las situadas al lado del Colegio Salvador Moreno, están tapiadas y en estado ruinoso; otras localizadas dentro del recinto de viviendas de Mollavao se hallan cerradas con un aspecto calamitoso frente a otras que han sido restauradas y están habitadas.
En cambio la residencia de oficiales en Fernández Ladreda y los bloques de viviendas en General Rubín, presentan un aspecto más cuidado y alta habiltabilidad.
Para todo ese parque inmobiliario se pretendió una solución integral a cambio de una recalificación de terrenos en Mollavao que pedía Defensa para intentar hacer caja. Concello y Xunta la aceptaron. En el 2010 se alcanzó un acuerdo que nunca se materializó. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, descuajeringó cualquier interés de promotores y constructores. Y actualmente nadie parece interesado en retomar este asunto.