Investigan la desaparición de un millón de euros de la empresa de un narco

El propio condenado, armador de Marín, fue el que interpuso la querella tras comprobar que le apartaron de la firma


Pontevedra / La voz

En agosto del 2008, la colaboración del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Guardia Civil y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional permitió decomisar 2.500 kilos de cocaína a bordo del Río Manzanares en el marco de la operación Huracán. Entre los nombres propios detenidos aquellos días y posteriormente juzgados y condenados se encontraba el de Manuel Díaz Vázquez, sobrino del cabecilla del clan de Los Piturros, pero también el del armador marinense José Nogueira.

Condenado por conformidad a nueve años de prisión, José Nogueira se encontró, de la noche a la mañana, sin nada. Antes de su arresto, era socio mayoritario de una empresa pesquera constituida en Montevideo (Uruguay), así como figuraba al frente de otra conformada en Panamá. Tras su detención, al cabo de un tiempo, pronto dejó de figurar en ambas.

Al menos así consta en una querella a la que ha tenido acceso La Voz y que la Audiencia de Pontevedra ha ordenado investigar a uno de los juzgados de instrucción de la ciudad después de que este hubiera declarado, inicialmente, no ser competente para hacerlo. En la denuncia, que ha sido formulada por el propio armador, este sostiene que tres personas de su entera confianza le traicionaron: «Se pusieron de acuerdo para apoderarse de las participaciones al portador de la sociedad -que se hallaban en la caja fuerte de la entidad-, pertenecientes al querellante, y, con ellas en su poder, los titulares del otro 25% de las participaciones convocaron una asamblea de socios y procedieron al nombramiento de nuevo presidente».

Cuenta en Pontevedra

El denunciante asegura, asimismo, que también se apoderaron de veinte mil dólares que se hallaban en la misma caja de caudales que la acciones, al tiempo que alude a la desaparición de un millón de euros que estaban depositados en una cuenta bancaria que esta sociedad había abierto en un entidad ubicada en la ciudad de Pontevedra.

Este último aspecto es lo que ha determinado que la Audiencia haya entendido que la causa deba investigarse desde Pontevedra y no por parte de un juzgado uruguayo. Esta tesis es la que defendía la magistrada que consideró que carecía de competencia para instruir judicialmente unos hechos -un supuesto plan preconcebido por los querellados para, presumiblemente, hacerse con el control de la compañía y proceder a su descapitalización- que se habrían producido en el lugar donde esta sociedad tenía su sede social, esto es, Montevideo.

Sin embargo, desde la Audiencia no comparten tal criterio. Así, refieren que «el apoderamiento» del millón de euros «se produjo, en principio, en Pontevedra, pues es donde se hallaba ubicada la oficina bancaria en la que se había aperturado la cuenta». En este punto, aplican la doctrina del Supremo que vienen a afirmar que cuando un delito se comete en varias jurisdicciones, «el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la causa». De este modo, es la magistrada pontevedresa la que deberá dilucidar si existieron los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa y falsedad documental que se refieren en la querella.

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