La orden religiosa propietaria del cenobio no quiere negociar. Aguarda por un relevo generacional que no resulta creíble con la crisis de vocaciones que acucia al clero
01 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El cierre del convento de Santa Clara plantea diversos ángulos para la reflexión. Primeramente, la preocupación por el riesgo perentorio del deterioro y posible pérdida de ese edificio y el magnífico huerto que le circunda, todo un pulmón verde en pleno centro urbano, si se prolonga la desocupación del inmueble. ¿Hay alternativas fundadas para creer que las instituciones civiles podrían recuperarlo si la propiedad (la orden de las Clarisas) se niega? Tenemos precedentes inquietantes. El caso más señero, el cerrojazo del Asilo de Ancianos, también decidido por una orden religiosa. Han transcurrido cinco años sin atisbo alguno de novedades.
Otro vector del asunto tiene que ver con el envejecimiento poblacional, mal generalizado de toda Galicia, cuyos efectos son especialmente acusados en el clero.
Y un tercer deducible de lo ocurrido con Santa Clara nos traslada a una inquietante pregunta: ¿qué nos pasa en Pontevedra que en la última década se cierran edificios oficiales y dejamos que se pudran sin solventar un posible uso alternativo?
Las Clarisas no quieren negociar
El alcalde de Pontevedra se ha puesto al frente de las operaciones para evitar que el convento caiga en el abandono. Miguel Anxo Fernández Lores usa un argumento que engancha: recuperar para el uso y disfrute de la ciudadanía un espacio tan céntrico y bello. Pero ni siquiera la oferta del regidor de poner dinero encima de la mesa de negociación para tratar una posible compraventa ha tentado a la Orden de las Clarisas, que no está por la labor de vender -por ahora-, y dudo que siquiera estén interesadas en negociar. Su posición me resulta tan respetable como incomprensible. No me puedo creer que su horizonte sea aguardar a que se rejuvenezca la orden con nuevas monjas que trasladar a Pontevedra para reabrir el cenobio.
Hay datos concluyentes sobre la erosión que el envejecimiento poblacional ocasiona en el sector de los religiosos: apenas 1.500 sacerdotes se encargan de más de 3.600 parroquias que existen en Galicia. En la treintena de conventos de clausura femeninos que sobreviven en nuestra autonomía hay una media de diez monjas por cenobio, regularmente de edades muy avanzadas. Lo ocurrido con Santa Clara, como antes con el Asilo de Pontevedra, certifica que religiosas ya ancianas no pueden seguir asumiendo el cuidado y mantenimiento de esos establecimientos.
Cada año en Galicia apenas se ordenan media docena de nuevos sacerdotes y de monjas novicias, de modo que la Iglesia se está quedando sin recambios. Esta circunstancia, unida a la dificultad que entraña el alto coste de mantenimiento de los numerosos edificios monumentales que ocupan y de los tesoros que custodian, proporciona un futuro muy preocupante en cuanto al papel de la Iglesia Católica como guarda y garante del enorme patrimonio artístico que controla.
En el caso del convento de Santa Clara veremos cuánto tarda en ocurrir un primer caso de okupación de las dependencias, pues el abandono puede alimentar su vulnerabilidad.
Epidemia de edificios cerrados
Resulta inquietante que en apenas una década, la ciudad de Pontevedra haya visto como se cerraban, sin solución de continuidad, una serie de edificios oficiales que se pudren con el paso de años de abandono. La secuencia arranca con la vieja Comandancia de la Guardia Civil ubicada en el cruce de Loureiro Crespo con Casimiro Gómez. Deprime ver su estado. El inmueble despide un olor infecto, mezcla de humedad y abandono. La entrada principal y los ventanales están tapiados de modo cutre. Han utilizado desde somieres hasta una mesa de la plancha. Lo que antes fue sede de una de las fuerzas de seguridad se ha convertido en territorio okupa, para pasmo de los convecinos.
Veremos qué camino sigue el antiguo edificio de la Delegación de Hacienda. El traslado de la Agencia Tributaria a Campolongo, comportó el cierre de la sede de la Praza de Ourense, contigua al convento de San Francisco. El ministerio valoró en 5 millones de euros el inmueble, que sigue a la venta mientras languidece por su manifiesto abandono. Las diferentes propuestas para otros posibles usos se han ido ahogando.
Otro ejemplo: el edificio consistorial que diseñó el arquitecto Sesmeros. La que fue sede del Ayuntamiento aguarda por un pretendido proyecto de reforma integral que no está priorizado ni se le espera. Se valoró en más de 2,5 millones en el 2013, cuando habían transcurrido tres años de su clausura. Ahora, 7 años después, ¿cuánto más?
La excepción
La única excepción de este elenco va a ser el inmueble de Benito Corbal, 47. Lores y Feijoo pactaron su reforma integral y reapertura para usos oficiales y sociales. ¡Sin tiempo no fue! Lleva nueve años de agonía. Pero revivirlo nos va a costar un pastón: más de cinco millones de euros del erario público.
Aguardo que todas las Administraciones responsables eviten que se prolongue esta cadena de desaguisados. En breve tendremos un botón de muestra: ¿qué va a pasar con el Hospital Provincial si se concentra en el futuro Gran Montecelo toda la atención clínica y quirúrgica? Hay posibles usos sociosanitarios que se podrían albergar en un edificio tan céntrico y apropiado. Todo menos cerrarlo y perderlo.