La conexión al saneamiento deja de ser obligatoria a más de 50 metros de la red

Serxio Barral Álvarez
Serxio Barral PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA CIUDAD

RAMON LEIRO

El pleno aprobará definitivamente la próxima semana el nuevo reglamento de vertidos

23 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

En pocas semanas entrará en vigor el nuevo Regulamento de verteduras del Concello de Pontevedra. La unanimidad suscitada ayer en la comisión de Urbanismo hace pensar que, igual que sucediera con la aprobación inicial en el pleno de abril, el debate para su aprobación definitiva e inmediata entrada en vigor será un mero trámite que se vivirá en el pleno del próximo jueves.

El nuevo reglamento matiza alguna de las cuestiones que habían quedado obsoletas del anterior, y sobre todo se ajusta a las determinaciones del nuevo contrato de gestión de las redes de abastecimiento y saneamiento, que está en pleno proceso de adjudicación.

Uno de los aspectos más significativos de la nueva normativa municipal es la relativa a la obligación de los propietarios a «enganchar» sus viviendas a la red de saneamiento. Hasta ahora era obligatorio para todas las viviendas a menos de cien metros de distancia de la red; con el nuevo reglamento, esa distancia se rebaja hasta los 50 metros de forma general, y a 30 metros para aquellas viviendas que necesiten de un bombeo para engancharse a la red.

Además, se especifica que quedan exentos de esta obligación aquellos casos en los que para conectarse a la red sea necesario atravesar autopistas, autovías, vías de tren o carreteras de titularidad de otra administración, al igual que cuando las acometidas afecten al trazado de las redes de electricidad, gas o telecomunicaciones; cuando haya que cruzar un río o regato; o si existe una imposibilidad técnica por la dureza del terreno o la anchura del camino.

El reglamento también contempla que el mantenimiento de las acometidas entre la red y el límite de la propiedad correrá a cargo de la empresa concesionaria. Y faculta a la firma que lleve la gestión a comunicar sanciones por incumplimiento, una circunstancia que provocó polémica en los últimos meses en algunas parroquias, lo que motivó la anulación de sanciones.