Acusados por el fraude en ayudas de I+D llegan a un acuerdo con la Fiscalía y aceptan una condena

Apenas unos días después de que trascendiese la intención de la Fiscalía de Pontevedra de sentar a cuatro personas en el banquillo por el fraude en la captación de subvenciones de I+D, dos acusados han llegado a un acuerdo con el ministerio público asumiendo toda la responsabilidad. De este modo, José Miguel Estévez Rodríguez, administrador solidario de Taelpo Telecom, tiene intención de aceptar cuatro meses de prisión y multa de 44.610 euros por un fraude de subvenciones relativo al ejercicio del 2010, así como diez meses de prisión -se sustituyen por una multa de 4.800 euros- y el pago de 960 euros por el mismo delito, pero con relación al 2011, en concurso medial con una falsedad en documento mercantil.

Por su parte, el catedrático de la Universidade de Vigo, Luis Eulogio Anido Rifón, estaría dispuesto a asumir diez meses de prisión, que también se sustituirían por el pago de 4.800 euros, y 960 euros de sanción por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. De igual modo, la sentencia se extiende a dos empresas del grupo Taelpo, Talleres Electrotécnicos de Pontevedra y Taelpo Seguridad, que estarían dispuestos a abonar un multa de 44.610 euros por el fraude en la obtención de subvenciones.

Este acuerdo ya ha sido firmado por los dos acusados y sus abogados en la sede de la Fiscalía de Pontevedra, si bien cabe la posibilidad de que tenga que rubricarse ante uno de los jueces de lo Penal el próximo mes de septiembre, ya que agosto es inhábil para este tipo de procesos. En el documento al que ha tenido acceso La Voz se remarca que, a la hora de establecer las penas, se han tenido en cuenta la existencia de dos atenuantes: la de confesión -«han reconocido los hechos»- y la de reparación del daño causado, ya que «los acusados han consignado el importe de las responsabilidades civiles». Así, se indemnizará con 142.751 euros a la Unión Europea y con 35.687 euros a la Xunta de Galicia.

Cargos retirados

Por otro lado, el ministerio público ha retirado los cargos contra otros dos encausados inicialmente, ambos empleados de Taelpo, y que ya no aparecen en el escrito de acusación conformado por Estévez Rodríguez y Anido Rifón. De igual modo, se exonera de toda responsabilidad a la Universidade de Vigo y a la Fundación Empresa-Universidade Galega (Feuga) que en el escrito inicial aparecían consignadas, junto a las dos empresas del grupo Taelpo, como responsables civiles subsidiarias a la hora de responder de las indemnizaciones.

En todo caso, lo que sí parece haber quedado acreditado es que José Miguel Estévez «fue quien diseñó un plan destinado a la obtención, a través de las sociedades mencionadas, de subvenciones con pleno conocimiento de que se aportaría información no verdadera a la Xunta» para consumar este propósito. El catedrático Anido Rifón, por su parte, fue «la persona que desde la Universidade de Vigo participó, con Estévez Rodríguez, en la confección de una serie de facturas (...) que no obedecían a operaciones comerciales verdaderas».

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