Denuncian que la Xunta envía a un centro de protección de menores a jóvenes peligrosos

Comisiones Obreras asegura que con la cantidad de daños materiales que producen los adolescentes conflictivos podría financiarse una unidad especial


Pontevedra / La Voz

De las 196 plazas de que dispone la ciudad infantil Príncipe Felipe, dependiente de la Diputación de Pontevedra, un centenar están a disposición de la Xunta a través de un convenio. Es el Ejecutivo autonómico el que decide qué menores se ingresan y cuáles no tras un informe previo de varias trabajadoras sociales. Pero, como no es vinculante, se saltan el dictamen de las técnicos y, en lugar de enviar solo a jóvenes que necesitan protección por encontrarse en una situación familiar complicada, derivan también a otros conflictivos que, en muchos casos, ya han sido expulsados de otros centros especializados. Eso es, al menos, lo que denuncia Comisiones Obreras (CC OO), cuyo secretario comarcal, José Ramón Piñeiro, advirtió de que llevarán el caso a la Fiscalía de Menores, una vez que ya ha pasado por la Valedora do Pobo. 

El sindicato asegura, además, que estos adolescentes conflictivos agreden tanto a trabajadores del centro como a otros niños, y causan tantos destrozos materiales que darían para financiar una unidad específica.

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