El puente de la discordia

La confrontación entre concellos de Pontevedra y Poio con la Xunta de Galicia sobre el viaducto de A Barca refleja un conflicto de competencias de mayor calado


La controversia surgida entre Administraciones públicas por las inseguridades que presenta el puente de A Barca, desveladas y acentuadas por el reciente tren de borrascas que padecimos, refleja un conflicto de competencias de un calado mayor que la mera confrontación dialéctica que acabamos de ver esta semana. Estamos no solo ante un cruce de imputaciones sobre responsabilidades de dos concellos y la Xunta de Galicia para garantizar la integridad de peatones y vehículos. El asunto tiene raíces más profundas que nos trasladan a cuestiones como el disparate de la titularidad diferente de diversos tramos de un mismo vial; la disparidad de competencias sobre la organización del tráfico rodado y el conflicto soterrado que bulle entre Xunta y Concello de Pontevedra sobre el futuro uso del puente. Incluso hay una derivada reciente: esta confrontación entre gobiernos no es el mejor modo de plasmar el pretendido «espíritu de mejor entendimiento y mayor colaboración» que acordaron el alcalde Miguel Fernández Lores y el presidente Alberto Núñez Feijoo en su última entrevista institucional. Máxime si es cierto que Lores algo le anticipó a Feijoo sobre A Barca, según la versión del concejal César Mosquera, testigo del encuentro en San Caetano.

Algo más que una «ñapa»

La marquesina que protege a los viandantes de las inclemencias cuando atraviesan el puente data de la etapa de Pepe Cuíña al frente de la Consellería de Obras Públicas en la década de los 90. La primera cubierta resultó ser una ñapa. La madera de la barandilla y del voladizo sobre la acera se pudrió a tal velocidad que en el 2002 hubo que sustituirla. La baranda nueva está fabricada en fundición pero la cubierta es un laminado metálico que 14 años después tiene tal nivel de deterioro que las rachas de viento la fracturaron y los pedazos cayeron como cuchillas. Hasta llegó a afectar y condicionar al tráfico de la autopista.

El informe de Bomberos de Pontevedra, firmado por Miguel Estévez, el nuevo jefe del parque, encendió las alarmas. Después de las intervenciones del servicio a raíz del paso de Jürgen, Kurt y Leiv, alerta sobre el grado de erosión que presenta la cubierta de A Barca al señalar que gran parte de las vigas de madera, así como las sujeciones que sustentan barandilla y voladizo, están putrefactas, por lo que difícilmente soportarían un nuevo tren de borrascas. En tal caso, se recomienda cerrar el puente a todo tipo de tránsito para garantizar la seguridad. Una medida que Pontevedra amenaza con aplicar aunque la titularidad del puente y de la carretera PO-308, sea autonómica.

«Y tú, más»

La reacción de la Xunta de Galicia, encarnada por Xosé Manuel Cores Tourís, resultó desconcertante. Afirmar que aún no había recibido el informe, cuyas conclusiones fueron aventadas por los medios informativos, refleja un colesterol burocrático que nada tiene que ver con la necesaria agilidad que se le requiere a un servidor público. Máxime cuando se trata de garantizar la seguridad de personas y bienes. Para colmo, los hechos le desmintieron: en la misma tarde que el Concello difundió el informe de Estévez, la Xunta mandó a una brigada de operarios a revisar y reparar los daños más urgentes en la cubierta del puente.

La segunda parte de la reacción del delegado territorial de la Xunta, achacando a los concellos de Pontevedra y Poio la responsabilidad del deficiente estado de la instalación eléctrica del alumbrado del puente que podría llegar a producir la electrocución de algún peatón, añade más leña al fuego. Desde luego se le agradece para que la opinión pública disponga de todos los elementos de juicio. Pero también suena al cansino «y tú más», tan empleado en política como camuflaje.

Un troyano

En este asunto subyacen otras aristas propiciadas por el conflicto de competencias por la titularidad de los viales. Avivado por el afán del actual gobierno municipal de Pontevedra que desea peatonalizar total o parcialmente A Barca. Sobre todo desde que se abrió el puente de As Correntes, al que se quiere dotar de más contenido. Aunque el actual nudo de Bomberos sea un cuello de botella que impide cualquier reorganización de tráfico hasta que el Ministerio de Fomento acometa su reforma.

El gobierno de Lores ya asestó en el 2013 un golpe que resultó fallido. Con motivo de las obras de mejora del abastecimiento de agua, se cerró un carril en A Barca y Pontevedra presionó, reordenando tráfico y usos en Alameda, Echegaray y Alfonso XIII, con la pretensión de derivar el tráfico de salida de la ciudad hacia el río y la costa por As Correntes. Por supuesto, con la intención final de que se limitase definitivamente A Barca al tráfico rodado. Pero tropiezan con el Concello de Poio y la Xunta de Galicia, instituciones que atribuyen valor sistémico a la circulación de vehículos por A Barca aferrándose a los aforos entre la costa y la capital, especialmente en Semana Santa y meses de verano.

Hay fundamentos para sospechar que desde algunos despachos de Michelena 30 se persigue aprovechar el ruido generado por la inseguridad de la cubierta de A Barca como un troyano para volver a proponer que sea peatonalizado y sumarlo al efecto que producirá el anunciado cierre del tráfico rodado en el puente de O Burgo.

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