Archivadas todas las causas contra el Concello en la operación Patos

La Fiscalía no halla indicios de delito en las adjudicaciones de tres obras a Eiriña


Pontevedra / la voz

El Concello de Pontevedra no cometió delito alguno en la adjudicación de obras a la empresa Eiriña. El Juzgado de Instrucción número 1 comunicó ayer el sobreseimiento provisional de la causa abierta por tres adjudicaciones a la citada empresa -las reformas de Santa Clara y la avenida de Lugo y una pavimentación en Salcedo-, que se investigaban en el marco de la operación Patos. Esta se inició en un juzgado de Vigo en febrero del 2014 para analizar supuestas adjudicaciones irregulares de contratos públicos en varios municipios.

En el caso de Pontevedra, con el archivo decretado ayer el Concello queda totalmente desvinculado de la operación Patos ya que hace unos meses el juzgado ya archivó otra pieza derivada de la misma con respecto a una supuesta lista de contrataciones en la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Cespa (hoy Ferrovial Servicios), que se pretendía relacionar con una supuesta trama de enchufes en la Administración local.

Con respecto a la vinculación con Eiriña, el fiscal no encuentra, según recoge el auto judicial, motivos para continuar con el procedimiento por la vía penal por lo que el juzgado resuelve el archivo. Este es provisional porque así lo establece el procedimiento, pero dado que la Fiscalía era la única acusación en esta causa, las posibilidades de que se recurra el archivo parecen escasas. Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer a La Voz que «no hay indicios de ilícito alguno» en la relación entre el Concello de Pontevedra y Eiriña, y que se concluyó que las escuchas telefónicas practicadas «son conversaciones normales y no inducen ningún tipo de hecho delictivo».

Estas afectaban principalmente a tres funcionarios municipales, del área de servicios técnicos, que llegaron a ser citados por el juzgado en calidad de investigados. Prestaron declaración hace unos meses y ahora se concluye que no existe ningún reproche penal que formular a su actuación.

El concejal de Réxime Interior, Vicente García Legísima (BNG), mostró la satisfacción del gobierno local por el archivo de la causa, y lamentó el mal trago que han pasado esos tres funcionarios. «É evidente que non o pasaron ben e que esta cuestión influíu na súa actividade cotiá porque acudir a un xulgado como investigado, aínda que non haxa delito algún, xa é unha pena en si mesma», apuntó el edil.

Este subrayó que por parte del gobierno local «nunca houbo nada que ocultar» y recordó que «sempre estivemos a disposición de todas as instancias para colaborar en calquera investigación».

Legísima volvió a poner voz a un lamento que ya viene haciendo desde hace tiempo: que se pretenda vincular la vida política o la tramitación administrativa con el Código Penal. Subrayó que existe un ámbito, el contencioso-administrativo, en que se deberían dirimir estas cuestiones.

El matiz del concejal pontevedrés es importante porque el fiscal sí detecta irregularidades administrativas en la tramitación de las adjudicaciones a Eiriña. Tanto en el baremos que siguen los técnicos para puntuar las ofertas de las empresas como en los reparos levantados por el alcalde en lo que se refiere a los contratos de Seguridad y Salud. García Legísima señaló que «se houbo algún incumprimento da norma foi para defender os intereses dos cidadáns».

La investigación llevó al gobierno local a modificar sus hábitos de contratación

El informe de la Fiscalía no halla indicio de delito en las adjudicaciones a Eiriña, pero sí llama la atención sobre lo que define como «irregularidades administrativas». La principal se refiere a la costumbre que tenía el Concello de Pontevedra de encargar a las empresas adjudicatarias de obras municipales el control de seguridad y salud de las mismas. Esto se hacía contraviniendo la normativa y las cláusulas administrativas de los contratos, que establecen que ese control ha de ejercerlo el propio Concello o una empresa externa.

En Pontevedra no se hacía así por falta de personal cualificado y para ahorrar dinero a las arcas públicas. Solo en el año 2014, cuando estalló la operación Patos, el alcalde levantó hasta 89 reparos por esta cuestión, no solo los tres de Eiriña.

Sin embargo, a raíz de la investigación judicial el gobierno local resolvió acabar con esta irregularidad, y desde hace algo más de un año ya no se encarga a las empresas adjudicatarias ese control de seguridad y salud. En estos momentos, está en marcha la contratación de una asistencia técnica para que se encargue de llevar a cabo este asunto en todas las adjudicaciones de obra pública del Concello.

En cualquier caso, la irregularidad se circunscribe estrictamente al ámbito administrativo, y no se aprecia delito. Es más, fuentes de la Fiscalía insistieron en que la investigación que se llevó a cabo permite «descartar que existiese arbitrariedad en las decisiones tomadas por el alcalde» en relación a los planes de seguridad y salud de las obras adjudicadas a Eiriña.

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