El Concello cobrará una tasa a las empresas energéticas por la ocupación de dominio público local
31 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Pontevedra quiere aplicar a las empresas suministradoras de energía una tasa municipal por la utilización de dominio público local en sus instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, e hidrocarburos. El portavoz del gobierno local y concejal de Facenda, Raimundo González Carballo (BNG), señaló ayer que hasta ahora en Galicia solo el municipio coruñés de Arteixo tiene aprobada una tasa similar, y para ello tuvo que ganar un largo pleito en los juzgados que acabó en el Tribunal Supremo.
Arteixo aprobó en el año 2014 unas ordenanzas fiscales que incluían una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía. A efectos de calcular la base imponible de la tasa, la normativa valora el suelo ocupado como si esas líneas y canalizaciones se tratasen de construcciones.
Por aquel entonces el Concello de Pontevedra comenzó a trabajar en la elaboración de una normativa similar. Sin embargo, la tramitación se frenó cuando trascendió que Red Eléctrica de España (REE), Unión Fenosa Distribución y Gas Galicia se negaron a pagar los tributos que exigía Arteixo. Básicamente, discrepaban de la valoración como construcciones de las líneas eléctricas, lo que repercutía en el valor catastral de los terrenos y en un incremento del gravamen que entendían no justificado.
Las empresas llevaron su queja ante los tribunales, y la sucesión de pleitos entablados con el Concello de Arteixo acabó en el Tribunal Supremo, que dictó sentencia el pasado mes de diciembre.
El fallo del alto tribunal respalda aquella ordenanza fiscal aprobada en el 2014 y avala el cobro de tributos municipales por los tendidos aéreos, subterráneos y canalizaciones de gas, entre otras infraestructuras que afectan a terrenos públicos.
Pontevedra quiere seguir el camino emprendido por el municipio coruñés. El cálculo que hace el concejal de Facenda, «feito con todas as reservas do mundo», es que esta ordenanza fiscal podría reportar al Concello unos ingresos anuales de en torno a 150.000 euros.
Con el fin de determinar con exactitud qué instalaciones son susceptibles de gravar con esta tasa -en principio, torretas eléctricas de líneas de media y alta tensión, gasoductos y oleoductos-, el Concello contratará una asistencia técnica que tendrá este año para realizar su trabajo, ya que la idea es que la tasa se apruebe de cara al 2018.
En principio, González Carballo estima que las firmas que podrían tener que hacer frente al pago de la tasa son Red Eléctrica de España y Unión Fenosa Distribución, por parte de las compañías eléctricas; Gas Galicia, como propietaria del gasoducto que cruza el municipio; y la empresa que gestiona el oleoducto que transporta hidrocarburos de A Coruña a Tui. El trabajo de la asistencia técnica determinará con exactitud a qué empresas cobrar y la cuantía.
Aún está sin cerrar la modificación de la ordenanza que grava a las firmas de telefonía móvil
Hace varios meses, el grupo municipal socialista instó al gobierno local a modificar la ordenanza fiscal «reguladora de taxa pola utilización privativa do dominio público polas empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil». Se trata de un precio público fijado por el Concello por la utilización tanto del subsuelo como del aire para la instalación de redes de telefonía. El problema es que a pesar de que la ordenanza entró en vigor en el año 2010, las comapías de telefonía nunca la han hecho efectiva. Las empresas impugnaron la ordenanza, recurrieron al juzgado y obtuvieron el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló varios artículos y dejó sin efectos la tasa.
Sin embargo, el PSOE local advirtió el pasado mes de julio que el Ayuntamiento de Madrid ganó un pleito similar en el Tribunal Supremo abriendo la puerta a que, con una modificación que equipare la ordenanza local con la de la capital de España, el Concello de Pontevedra pueda hacer efectiva la tasa. La sentencia del Supremo establece que sí es posible cobrar a las empresas propietarias de las infraestructuras de telefonía móvil si son estas mismas firmas las que utilizan las redes.
El asunto se trató en el pleno del mes de julio y se aprobó por unanimidad. Sin embargo, todavía no se han hecho efectivos los cambios en la ordenanza.