La Xunta resolverá la adjudicación de la Cámara Agraria al no haber acuerdo

Cristina Barral Diéguez
cristina barral PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA CIUDAD

CAPOTILLO

Facenda adoptará la decisión la próxima semana y el inmueble recaerá en una de las dos sociedades que pujaron en la subasta

19 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Si se cumplen los plazos anunciados ayer por la Xunta, el edificio de la antigua Cámara Agraria Provincial de Pontevedra tendrá nuevo dueño la próxima semana. Fuentes de la Consellería de Facenda confirmaron a La Voz que, a pesar del intento de mediación realizado el 9 de noviembre en Santiago, no fue posible que las dos partes llegaran a un acuerdo. «Non houbo ningunha notificación e non hai acordo, polo que a semana que vén a Xunta resolverá a adxudicación», afirmó un portavoz del departamento que dirige Valeriano Martínez.

Desde la Administración autonómica no se ofreció más información sobre el proceso administrativo. Lo que está claro es que el inmueble de la Cámara Agraria recaerá en una de las dos sociedades que participaron en la subasta que tuvo lugar el pasado 15 de abril. Se trata de Mercant & Lupond, la sociedad del empresario Santiago Montejo, y de Orgodomonte Inversiones S.L., de los hermanos Salgueiro González.

En esa cuarta subasta convocada por Facenda, la puja más alta fue la de Mercant & Lupond, que resultó adjudicataria al ofrecer por el edificio de la plaza del Teucro 620.000 euros, mejorando el precio de salida, que era de 580.201 euros. El proceso de adjudicación se paralizó después al alegar la otra sociedad un derecho preferente.

En la reunión del 9 de noviembre, Santiago Montejo había planteado como «solución amistosa» para no acudir al juzgado su renuncia al bajo comercial mediante una división horizontal en la adjudicación. Una alternativa que no fue aceptada por Orgodomonte Inversiones S.L.

Santiago Montejo insistió ayer en que hay dos informes que acreditan que la cláusula es «nula» y que el inmueble tiene que ser adjudicado a Mercant & Lupond, con independencia de que la otra sociedad pueda reclamar por vía judicial. Por parte de Orgodomonte, Juan José Salgueiro indicó que «por ahora no hay resolución para decir algo. Está en manos de la Administración».