Revés judicial para el Concello por las expropiaciones de Pasarón

Las expropiaciones de Pasarón parecen el cuento de nunca acabar tras más de una década de tiras y aflojas. Ahora ha sido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que ha escrito el penúltimo capítulo -su resolución no es firme, por lo que cabe un recurso de casación- y lo ha hecho para tirar por tierra las tesis del Concello de Pontevedra.

El gobierno local, a grandes rasgos, sostiene que el valor de las fincas enajenadas asciende a 1.356.825 millones de euros, mientras que el Xurado de Expropiación de Galicia elevó esta cantidad a cerca de dos millones, concretamente a 1.957.000 euros. La disparidad entre la Administración municipal y el organismo autonómico se explica por el hecho de que la primera consideró aplicable la valoración estipulada para el 2005, año en el que arrancaron los trámites de expropiación, o la del 2006, cuando se publicó el acuerdo de urgente ocupación y se levantó el acta para este proceso. Por su parte, el jurado se decantó por la valoración que regía en octubre del 2011, por «ser esta fecha cuando se recibe por el expropiado la resolución (...) que, entre otros pronunciamientos, acuerda requerir a los interesados para la aportación de la hoja de aprecio».

Y precisamente fue este último argumento al que se ha acogido el alto tribunal gallego. Los magistrados consideran que aquella resolución fue la que impulsó el expediente administrativo municipal, «lo que implícitamente determina que debamos reconocer su paralización, que la Administración no justifica», así como «tampoco consta que, previa y expresamente, se hubiera requerido a los interesados su hoja de aprecio».

Críticas al Concello

Lo cierto es que la sentencia del TSXG no escatima críticas a la forma en que las expropiaciones fueron llevadas a cabo por el Concello de Pontevedra. «Transcurrieron seis años en los que la Administración omitió cualquier trámite en relación al propietario-expropiado», se recoge en la misma. Añade que, pese a ello, se procedió «a la ocupación de la propiedad previa consignación del valor correspondiente a la hoja de aprecio de la Administración hasta que se requiere nuevamente al expropiado de formulación de la hoja de aprecio, y cuando esta se formula han transcurrido más de diez años desde la publicación de la ponencia de valores».

Ante esta tesitura, el Xurado de Expropiación de Galicia determinó que carecía «de vigencia», por lo que, consecuentemente, «sus valores no pueden ser tenidos en consideración». Los magistrados coruñeses avalan que este organismo optase por establecer un precio de 230 euros por metro cuadrado como valor unitario del suelo, un montante que, en algún caso, duplicó lo que había establecido el Concello.

En este punto, el tribunal incide en que la demora del procedimiento, que califica de «notable», no puede perjudicar a los propietarios de las diez fincas expropiadas -inicialmente, eran once- en la zona de acceso a tribuna. Se trata de terrenos que hasta finales del pasado año se venían empleando como área de estacionamiento de vehículos y que con el arranque del 2016 se remodelaron para convertirlos en una zona ajardinada. Lo cierto es que estos retrasos ya motivaron en su día las quejas del Partido Popular y de la Diputación a cuyo frente se encontraba entonces Rafael Louzán.

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