Desde un homicidio hasta la omisión del deber de socorro, pero no los incendios


Pontevedra / La voz

Asesinatos, tráfico de influencias, cohechos, malversaciones de caudales públicos... Y así hasta once tipos delictivos diferentes. La Ley del Jurado, cuya más reciente modificación entró en vigor en julio del pasado año, delimita claramente los tipos que deben estar bajo la óptica de un tribunal popular. Así, entre otros, se ha establecido que sean los nueve miembros de un jurado los que determinen la culpabilidad o no en muchos casos en los que el banquillo de los acusados aparece ocupado por políticos o, incluso, toda clase de empleados públicos.

No obstante, no siempre un tribunal popular se las tendrá que ver con uno de estos supuestos o tendrá que concretar si una determinada persona es culpable o no de asesinato. La propia legislación encuadra dentro de la jurisdicción de los jurados otros delitos que llevan a aparejadas penas muy inferiores a las de un homicidio. Así, algunos tipos de amenazas, los allanamientos de morada o, incluso, la omisión del deber de socorro -principalmente, como consecuencia de accidentes de circulación o atropellos- tienen que pasar bajo el tamiz de un jurado.

Curiosamente, la última reforma de esta legislación que data de 1995 suprimió uno de los delitos que más polémica ha generado en los veinte primeros años de existencia de esta normativa: los incendios forestales. Desde el pasado 1 de julio del 2015, estos procedimientos son competencia exclusiva de tribunales compuestos por magistrados profesionales.

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