El Concello sanciona con 9.010 euros a Cespa por negarse a aclarar su política de personal

El expediente abierto a la empresa se cierra con dos faltas graves


Pontevedra / La voz

La empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, Ferrovial Servicios (antes Cespa), fue sancionada ayer por el gobierno local con sendas multas de 3.000 y 6.010,12 euros por negarse a aclarar su política de contratación. La empresa desatendió dos requerimientos de comparecencia ante una comisión de investigación interna que se constituyó en el Concello de Pontevedra el pasado mes de octubre.

La investigación pretendía dilucidar si se dieron irregularidades en la contratación de personal, y se inició a raíz de la divulgación de una lista hallada en la sede de Cespa en Santiago en la que aparecían nombres de políticos y funcionarios municipales al lado de supuestos contratados por la empresa. La lista la halló la Policía en un registro a la empresa, y los agentes dieron por hecho que se trataba de una lista de «mentores» y «enchufados». El juzgado no halló pruebas concluyentes de ello y archivó la causa, si bien el fiscal jefe recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial y el recurso aún no ha sido resuelto.

Tras negar tajantemente cualquier implicación política en esos presuntos enchufes, e independientemente de la investigación judicial, el gobierno local acometió su propia indagación sobre el documento aportado por la Policía. Para tratar de aclarar la política de contratación de Cespa, se requirió de la empresa tanto la aportación documental de información sobre los contratos suscritos desde el año 2009 hasta la actualidad como explicaciones del jefe de explotación de Cespa en la ciudad, que es el responsable del contrato que vincula al Concello con la firma.

El Concello dictó dos providencias de comparecencia, el 29 de octubre y el 4 de noviembre del año pasado. Solo tras el segundo escrito oficial la empresa accedió a facilitar documentación por escrito de más de 400 contratos, pero denegó la presencia del jefe de explotación para ofrecer explicaciones en persona.

A raíz de estas negativas el gobierno local abrió en el mes de marzo un expediente sancionador y designó como juez instructor del mismo al concejal de Personal, Vicente García Legísima (BNG). Ayer, la junta de gobierno local ratificó la propuesta de sanción, que son dos faltas graves. La multa por la primera asciende a 3.000 euros, mientras que la de la segunda, al ser reiterativa, es de 6.010,12 euros.

El portavoz del gobierno local, Raimundo González Carballo (BNG), no ocultó ayer que la relación con la empresa, que cobrará este año 5,8 millones de euros del Concello, se ha tensado desde la apertura del expediente. Pero subrayó que la sanción no impediría a Cespa optar de nuevo al contrato cuando se convoque de nuevo el concurso, en el plazo de un año.

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