La Xunta aspira a que el edificio de Benito Corbal reabra en el 2018

Una visita al inmueble pone de manifiesto la grave situación de deterioro que sufre


Pontevedra / la voz

Completar durante este año los tramites de redacción del proyecto, licitación y adjudicación; iniciar las obras a principios del 2017; y poner en funcionamiento las instalaciones, dedicadas a los servicios autonómicos de empleo, a la Universidade y a diversas asociaciones locales, a lo largo del 2018. Ese es el calendario que se traza la Xunta de Galicia para la rehabilitación de su vieja sede en la calle Benito Corbal, según señaló ayer su vicepresidente, Alfonso Rueda, que visitó el inmueble acompañado por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y por el rector, Salustiano Mato.

Era la primera vez que el edificio abría sus puertas para una visita pública desde finales del 2008, cuando se completó el traslado de las oficinas administrativas a la sede de Campolongo. Y el paso del tiempo se hace muy palpable en su interior. Alguno de los asistentes incluso se sorprendió al descubrir un inmueble en peor estado del que se esperaba. Será muy necesaria esa inyección prevista de 3,7 millones de euros para sacar al edificio de la situación en que se encuentra y que pueda volver a tener una vida útil.

Adentrarse en el laberíntico edificio deja en el visitante una sensación que cabalga entre el lógico deterioro causado por el paso del tiempo y el abandono casi precipitado de unas oficinas que durante varias décadas prestaron servicio a los ciudadanos.

De lo primero dan fe los múltiples signos de humedad en las paredes, falsos techos caídos y la espesa capa de polvo que cubre prácticamente toda la superficie. Alguna de las escaleras que conducen a los pisos superiores -que se hacen obligatorias pues los ascensores están inutilizados porque el inmueble no dispone de conexión eléctrica- están impracticables por la presencia de escombros por el derrumbe de falsos techos.

En cuanto a la sensación de escenario postapocalíptico que se desprende de la visita, viene dada por las sillas y las mesas abandonadas que siguen en las oficinas, los pósits que permanecen pegados en varios despachos con notas que sus autores ya habrán olvidado, los cajones llenos de llaves e incluso de pilas pendientes de reciclar, o el calendario de pared que se quedó anclado en el mes de diciembre del 2008, cuando el edificio cerró sus puertas.

Hay más signos de la vida pasada del inmueble. Varias plantas secas dan fe de que en el traslado alguien se llevó las macetas pero abandonó su contenido en Benito Corbal. También hubo quien se dejó atrás sellos oficiales de la Xunta de Galicia, así como una libreta de vales de la extinta Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, y diverso material de oficina, mapas, carteles y viejos cuadros. Incluso hay órdenes pegadas al mobiliario para quienes realizaron la mudanza, como un pequeño cartel manuscrito que reza: «Todo lo que está en los muebles es para destruir».

Varios recursos retrasan el inicio de las obras de la nueva sede judicial de A Parda

Los casi seis mil metros cuadrados de oficinas que albergará con su renacimiento el edificio de Benito Corbal no son todavía ni siquiera un proyecto. De momento, no pasan de ser un anteproyecto, casi una declaración de intenciones y de necesidades de espacio en la que trabajan los técnicos de Xunta, de la Universidade y del Concello.

Mucho más avanzado, tras no pocos años de trámites, está el futuro inmueble judicial en A Parda. Su construcción está adjudicada desde hace casi dos meses, pero el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, desveló que el inicio de las obras está paralizado a la espera de la resolución de varios recursos presentados por empresas que optaban a la adjudicación de alguno de los contratos, ya sea de la ejecución en sí, de la dirección de obras o del control de seguridad y salud.

Rueda restó trascendencia a esta paralización, ya que señaló que se trata «de cuestións habituais neste tipo de adxudicacións», pero admitió que suponen cierto engorro por la ralentización del inicio de las obras. Además, también está pendiente la obtención de licencia, aunque el vicepresidente matizó que este asunto está casi resuelto.

El edificio judicial fue adjudicado a principios de abril a la empresa asturiana Coprosa, que presentó una oferta económica de 16,9 millones de euros. En el trámite de adjudicación, los técnicos de la Xunta descartaron a algunas de las firmas punteras del sector, como Dragados, Obrascon-Huarte, San José o Ferrovial, por incurrir en bajas temerarias, de ahí la presentación de recursos a la decisión.

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