Ponte Sampaio reclama parte de los terrenos alquilados para el compost
PONTEVEDRA CIUDAD
El Concello se enfrenta a una demanda por la titularidad de 8.425 metros cuadrados
15 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Pontevedra tiene sobre la mesa una demanda judicial relacionada con la planta de compost que se proyecta en montes de la parroquia de A Canicouva. La presentaron conjuntamente a finales de abril un vecino de Ponte Sampaio y la «plataforma en defensa del medio ambiente y contra la instalación de una planta de tratamiento de residuos en A Canicouva», el colectivo vecinal que agrupa a quienes rechazan el proyecto. Aunque el asunto de fondo de la demanda es el acuerdo de la junta de gobierno local por el que se sacó a concurso el alquiler de terrenos para la planta de compost hace ahora un año, el documento presentado ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra desvela un dato inédito: que entre las diez hectáreas de terrenos alquilados por el Concello a la comunidad de montes de A Canicouva figuran 8.425 metros cuadrados que en realidad serían propiedad de la comunidad de montes de Ponte Sampaio.
Esta presunta «invasión» de terrenos de la parroquia vecina se argumenta en el texto de la demanda aludiendo a una sentencia de la Audiencia Provincial de abril del 2013 que resolvía un problema de lindes entre las dos comunidades de montes. Dicha sentencia fija la línea divisoria entre el monte de A Canicouva y el de Ponte Sampaio tomando como referencia un informe pericial que ahora se adjunta también a la demanda.
Desde el Concello de Pontevedra ya se ha instado a los servicios técnicos a analizar la documentación cartográfica y los planos para certificar que los terrenos cedidos por A Canicouva se encuentran dentro del monte comunal de su titularidad.
Fuentes municipales restaron trascendencia a esta cuestión, pues sostienen que todavía no está hecha el acta de replanteo del proyecto de la instalación para el compost. Será en ese documento donde se establecerá con exactitud qué porción de monte se verá afectado. Lo único que hay por el momento, sostienen las mismas fuentes, es «un croquis» sobre una extensión de cien mil metros cuadrados, y una serie de referencias catastrales.
Sin embargo, uno de los documentos que se adjuntan a la demanda, en el que se analiza el «plan de viabilidad» de la futura planta de compost, sostiene que sobre estos 8.425 metros cuadrados «se ubica parte de una nave».
Valor ambiental
Pero la demanda presentada contra el Concello de Pontevedra alude también a cuestiones relativas al valor ambiental de los cien mil metros que habría cedido A Canicouva para la instalación de la planta. Así, se subraya que el proyecto destruiría «el único bosque adulto» de la zona que no fue afectado por los incendios del 2006 o que es un área con presencia de corzos. Además se añade que las parcelas «están atravesadas por un curso de agua que, tras unirse con otros, forma el río Ponte Nova», y que también afectarían «a los acuíferos que abastecen a las comunidades de usuarios de agua de Vilar y de Ponte Sampaio».
Por último, se señala que la planta de compost se situaría «en una zona de gran impacto visual desde el Camino Portugués a Santiago», ya que se encuentra a 2,8 kilómetros «en linea recta» de su trazado.
El recurso fue presentado a finales de abril por la plataforma vecinal y un particular
El recurso pide que se anulen acuerdos de la junta de gobierno de mayo y octubre del 2015
El recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma vecinal y un particular pide expresamente la anulación de dos acuerdos adoptados por la junta de gobierno local el año pasado relativos al proceso de alquiler de los terrenos para la futura planta de compost.
Por un lado, en mayo del 2015 el gobierno local aprobó el pliego de condiciones «para o alugamento ou cesión onerosa de terreos para a construcción dunha planta de compostaxe». Poco tiempo después, en junio, la plataforma vecinal presentó un recurso de reposición pero el gobierno local lo rechazó alegando, entre otras cuestiones, que «non consta acreditada a identidade da plataforma» por figurar en la documentación remitida al Concello hasta tres denominaciones diferentes para la misma.
El acuerdo rechazando el recurso de reposición se aprobó en octubre, y ese es el segundo de los actos del gobierno local para los que se pide la anulación.
Con posterioridad a esos dos acuerdos, el gobierno local resolvió el concurso en favor de la única oferta presentada, que era la de A Canicouva. El contrato de alquiler se firmó en diciembre, y prevé un pago anual de 20.000 euros por la cesión de cien mil metros cuadrados de terrenos.
Como quiera que el contrato especifica que se hará un único pago anual y que este será a año vencido, el Concello no tendrá que abonar cantidad alguna a la comunidad de montes de A Canicouva hasta finales de este año, pero eso no ha impedido que el PP haya criticado que se está pagando un alquiler por terrenos a los que no se les da uso.