El grupo municipal del PP se presentó ayer ante la prensa con los deberes sin hacer. El presidente de la comisión municipal de Economía, Rafael Domínguez, y el concejal César Abal habían convocado una rueda de prensa para hablar del impuesto de actividades económicas (IAE). Y ambos la liaron. O se liaron ellos solos por un preocupante desconocimiento del asunto del que iban a hablar.
Abal definió el IAE como un impuesto «que grava de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad económica. Es un impuesto directo, obligatorio, proporcional, real y de gestión compartida».
Hasta ahí todo bien. O casi. Porque los concejales del PP afirmaron que cualquier actividad económica que se desarrolla en el municipio tiene la obligación de tributar. «Este impuesto supone una opresión fiscal enorme para los autónomos y para el pequeño comercio», aseguró Domínguez. «El gobierno local dictó en el año 2012 una calificación arbitraria de las calles [según su categoría se aplica un coeficiente diferente para liquidar el impuesto] que hace que tribute lo mismo un comercio ubicado en Juan Carlos I que uno con las mismas características en Benito Corbal», corroboraba Abal.
Y no solo eso. También se afirmó que la ordenanza municipal hace imposible que los pequeños empresarios, los autónomos o los comerciantes puedan acogerse a bonificaciones a la hora de abonar el IAE.
Al cabo de un rato, los periodistas comenzaron a revolverse en sus sillas, porque algo no cuadraba en el planteamiento de Domínguez y Abal. ¿Pero el IAE no lo pagan solo las empresas que facturan más de un millón de euros?, se le preguntó, hasta en tres ocasiones, a los concejales del PP. Lo negaron. «Eso es el tramo de Hacienda, el tributo local en Pontevedra se cobra a todo el mundo», respondieron. Error. Flagrante error.
Porque lo cierto es que la inmensa mayoría de las actividades económicas, todas aquellas que no alcanzan el millón de euros de facturación anual, sí están exentas de abonar el IAE. Así lo marca la ley desde el año 2004, en Pontevedra y en el resto de España. Y los concejales del PP no lo sabían. El dato real es que el Concello no emite ni un millar de recibos anuales de IAE, y que apenas son 300 las empresas obligadas a tributar. Grandes empresas, que facturan más de un millón.
Pero el PP, no cejará en su empeño de lograr, en palabras de César Abal, «una tributación más justa y equitativa». Por eso propondrá una serie de exenciones fiscales a «su» IAE. Como que las nuevas empresas tengan dos años de exención. ¿Cómo se hará si son negocios de nueva creación y, por lo tanto, no tienen facturación por la que tributar?