Reválida: tan inútil como inquietante

Si la Administración educativa admite que no tendrá efectos académicos y su futuro está sujeto a los avatares políticos, la comunidad escolar se cuestiona directamente su utilidad

Los alumnos de sexto de Primaria realizarán las pruebas a partir del miércoles próximo.
Los alumnos de sexto de Primaria realizarán las pruebas a partir del miércoles próximo.

Vivimos unos días de intensos debates en el seno de miles de hogares gallegos. Y no me refiero a la repetición de las elecciones generales, al jeroglífico de quién terminará gobernando España o de cuándo seremos llamados los gallegos a las urnas. Hablo de la famosa reválida que llega de estreno con la Lomce y ya viene envuelta entre negros nubarrones. Su sentido practico es muy discutible, pues según la Administración «no tendrá efectos académicos ni tampoco servirá para hacer un ranking de centros». Entonces ¿para qué sirve?, se preguntará usted también. Y además, con la actual incertidumbre política nacional, la continuidad de la reválida y de la propia ley que la ampara, está tan a merced de los avatares políticos por ocurrir, primero en España y después en Galicia, que se percibe que estamos ante algo pasajero y, probablemente, inútil.

La cuestión para 44.000 familias gallegas radica en decidir si los hijos que están ante el trance, deberían afrontar estas pruebas de nueva factura que el ex ministro José Ignacio Wert se inventó y ahora su sucesor, Iñigo Méndez de Vigo, le encaloma a las comunidades autónomas, que deben lidiar semejante marronazo.

 

Durante tres días, entre el 11 y el 13 de mayo, para los alumnos de sexto de Primaria; y el 24 y 25 de mayo, para los que terminan de cursar tercero de Primaria, se han datado las correspondientes reválidas que correspondería realizar a esos más de cuarenta mil alumnos gallegos que suman ambos niveles.

Por tanto, imaginen el debate abierto en miles de hogares a propósito de obligar a esos críos de diez u once años a pasar una prueba de tres días, con una indudable carga de estrés, como admiten los profesores que intentan prepararles para semejante envite cuya naturaleza es tan polémica como incierta su vigencia.

 

División entre centros

Esta semana, sendos informes publicados en La Voz de Pontevedra avisaban de las reservas que esta reválida genera en el seno de la comunidad escolar. Los centros están divididos sobre la oportunidad de hacer la prueba y, sobre todo, la obligatoriedad de la misma. Abierta o veladamente, hay muchas reservas entre el profesorado sobre la eficiencia curricular de estas reválidas. Y para padres y madres todavía más dudas sobre la obligatoriedad de que sus hijos tengan que superar el trance y sobre las consecuencias que podrían sufrir si se niegan a hacerla.

A estas alturas, por el ambiente que se respira en muchos colegios pontevedreses, va a haber un porcentaje de boicot a las pruebas. Pero la cuantía de ese rechazo será el que nos aventure las consecuencias políticas reales que podría conllevar. Con dos citas electorales por delante, el Gobierno de Núñez Feijoo deberá calibrar qué desgaste querría asumir.

Si el nivel de rechazo es el que aventuran las Anpas (del orden de 6 de cada 10 escolares de centros de titularidad pública no se presentarán a las pruebas, según vaticinan), la Xunta de Galicia tiene un problema fenomenal.

De momento, resulta sorprendente que el conselleiro de Educación se limite a señalar que «todo se desarrollará con total normalidad», afirmación cuando menos arriesgada a la vista del presumible nivel de insumisión que se avecina a partir del miércoles. Y además, inquieta que Román Rodríguez, tras reiterar que los resultados de las reválidas «no servirán para segregar o diferenciar alumnos», sí admitiese a continuación que «se usará para testar a los centros educativos». Es decir, que sí cabría la tentación de categorizar a los colegios en función de los resultados de las reválidas, algo profundamente injusto y contrario al espíritu que se decía pretender con la implantación de la Lomce.

Condenas por casos como el de «Life»

La protectora Palleiros acaba de presentar una denuncia judicial contra el dueño de Life, el perro que fue recogido famélico y agonizante por agentes del Seprona en una finca de Salcedo, donde había sido abandonado a su suerte por su propietario. Los buenos cuidados de Gloria Cubas y demás colaboradores de la protectora han logrado en apenas un mes recuperar al perro, que ha hecho bueno su nombre. Pero no bastaría con consignar un nuevo éxito curativo de Palleiros y dejar que el tiempo transcurriese hasta informar de un episodio similar que seguro está por ocurrir.

 

La acción judicial emprendida era necesaria por que precisamos sentencias condenatorias que establezcan que el maltrato animal está penalizado. Que, como en este caso, el dueño de un animal doméstico no puede dejar a la intemperie y a su suerte a un perro porque él haya obtenido un puesto de trabajo en Santiago.

Socialmente se precisan penas que alerten a los potenciales maltratadores del riesgo que corren por sus posibles actos. Necesitamos que se visibilice que actuaciones tan inhumanas no quedarán impunes.

El Parlamento gallego dejó el terreno abonado cuando aprobó por mayoría rotunda en el 2014 la Lei de Protección Animal, que establece sanciones económicas por esta forma de maltrato. Para supuestos como el caso de Life, se podría llegar a imponer una multa de 3.000 euros. Y sin embargo, a juicio de colectivos animalistas y asociaciones protectoras, las sanciones se quedan cortas ante la gravedad de muchos casos denunciados que no han sido sustanciados en ningún proceso judicial.

 

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