El Concello de Pontevedra da el primer paso de la batalla legal contra la prórroga de Ence
PONTEVEDRA CIUDAD
Un requerimiento previo de anulación de la resolución ministerial anticipa el futuro recurso judicial
23 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno local de Pontevedra aprobó ayer la presentación de un requerimiento previo de anulación de la prórroga de 60 años concedida a Ence. El documento, al que dio luz verde una junta de gobierno extraordinaria y tendrá que ir a pleno para su ratificación, será presentado ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Supone el primer paso de la que se prevé una larga batalla legal en torno al futuro de la empresa en la ría. De hecho, el requerimiento previo de anulación es el anticipo de un recurso contencioso-administrativo que con toda seguridad se acabará presentando ante la Audiencia Nacional.
La petición de que se anule la prórroga se basa tanto en cuestiones de procedimiento como técnicas y jurídicas. Más allá de la caducidad de la concesión dictaminada por el Tribunal Supremo y reconocida parcialmente por Costas, algo que se considera que impediría ya de por sí que se otorgue la prórroga a Ence, se considera que hubo defectos de procedimiento al no permitirse al Concello acceso a la copia del expediente y a que el ministerio no solicitó informes municipales.
Sin exposición pública
Además se subraya que el trámite de concesión de la prórroga no fue sometido a exposición pública ni se publicó en los diarios oficiales «a pesares de afectar a unha pluralidade indeterminada de posibles interesados». Y se pone de manifiesto que no se respondieron en tiempo y forma a las alegaciones presentadas.
Otra de las razones para pedir la anulación de la prórroga es que el Gobierno se extralimitó en sus competencias al concederla estando en funciones. También se considera irregular porque incumple el artículo de la ley de Costas que especifica que solo cabe la ocupación de terrenos marítimo-terrestres a actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. Para el gobierno local, Ence «é trasladable», por lo que queda fuera de esa determinación.
Asimismo, se insiste en que se trata de una empresa condenada por contaminación, en que realizó obras no autorizadas en el ámbito de la concesión, o en que la prórroga va en contra de las directivas europeas de libre competencia porque se vendió con un precio acorde con la fecha de caducidad en el 2018, y no en el 2073 como establece la prórroga.