Peligrosas denuncias anónimas

El procedimiento archivado por Fiscalía contra la empresa Setga es un ejemplo de los daños colaterales que generan este tipo de asuntos


Algo está fallando en el actual sistema judicial español para que una denuncia anónima que se recibe en Fiscalía, y a la que se da curso, goce de una difusión extraordinaria en su origen pese a lo secreto de su procedencia y en evidente desequilibrio con un posterior archivo de la misma que se produce, además, de modo sigiloso. Hay una manifiesta diferencia entre origen y desenlace que tiene su traducción en la visibilidad informativa que recibe en los medios. Pero convendrá tener en cuenta quién filtra a la prensa la existencia de esta o aquella denuncia y quiénes aprovechan la circunstancia para machacar al adversario político. Este argumento se ha venido repitiendo con insistencia en estos últimos años en la política española y gallega con la proliferación de casos de corrupción y con la moda de los macrosumarios que siguen todavía en tramitación.

Esta semana hemos conocido noticias relevantes en esta materia. Pero me quiero detener en el caso concreto de la denuncia contra la empresa Setga, acusada de amañar un contrato con el Concello de Pontevedra por un importe de 200.000 euros, firmado en el 2012 para la renovación del alumbrado público en una serie de viales de la ciudad.

La denuncia anónima que admitió a trámite la Fiscalía de Pontevedra en el 2015 (subrayo: tres años después de los hechos) cuestionaba el procedimiento de contratación con el Ayuntamiento. Sin embargo, el archivo de la diligencia, desvelado esta semana por La Voz de Galicia, denota que carecía de fundamento.

Se observa que el asunto no ha recibido por parte del ministerio fiscal la misma atención informativa en su origen que en su desenlace. Fue el propio fiscal jefe quien en su inicio, verbalizó la existencia de la denuncia y su traducción en una investigación. Muy a diferencia de cómo se tuvo que conocer que había quedado archivada desde hace meses?

Juego político

Por tanto no le deberá extrañar al señor Aladro que haya quien ahora le achaque una cierta dosis de obediencia política en virtud de a quien le interesó espolear la existencia de la denuncia y quienes serían los aparentes perjudicados.

Al margen del juego político que manosea tantas veces estos avatares judiciales para provecho propio, este caso ha tenido una víctima circunstancial que ha sido la propia Setga. Hablamos de la empresa más señera en materia de I+D que tenemos en Pontevedra y comarca, pues dispone de una veintena de ingenieros trabajando a diario en las instalaciones de San Caetano a la búsqueda de nuevos diseños de luminarias, señalización y mobiliario urbano, más todo el personal que trabaja en talleres y almacén.

La cartera de pedidos y contratos que luce esta empresa pontevedresa por el mundo adelante obliga a pensar que su crecimiento y promoción se debe a razones de profesionalidad y competitividad. Holanda, Suecia, Dubái, Catar, Kuwait? son algunos de los países donde esta firma pontevedresa ha dejado su sello en el alumbrado público de diversas ciudades.

Afortunadamente la solvencia de Setga no parece haberse visto afectada en este último año por la mala imagen que podría haber producido la noticia de aquella denuncia que pese a considerarse no fundamentada, evidentemente no resultaba la publicidad más aconsejable para una empresa que debe cuidar su imagen tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

Nadie dijo que iba a ser sencillo

Los concellos de Cotobade y Cerdedo vienen de celebrar los respectivos plenos corporativos que accionan y desencadenan el proceso para su fusión.

Ambos alcaldes del PP y con mayorías absolutas respectivas, han superado las respectivas sesiones, no exentas de fricciones, debido a la existencia de una oposición política y vecinal que cuestiona más la forma que el fondo de la propuesta. El PSOE no está en contra de la fusión de municipios, pero discrepa bien sea del modo, bien del momento elegido por José Balseiros, Jorge Cubela y la Xunta de Galicia para ejecutarlo.

Nadie dijo que fuera a resultar sencillo. Lo saben tanto los dos regidores como la administración tutelante. Sin embargo, la manera de conducir el proceso, el esfuerzo informativo que están haciendo con asambleas por parroquias y el compromiso de llevar a cabo una consulta entre el vecindario -un casi referendo- al que se otorgaría carácter vinculante parecen garantías suficientes por parte de los promotores como para atemperar y terminar venciendo tensiones y resistencias.

De todos modos insisto en la necesidad de tener altura de miras. Las políticas de fusión de municipios están llamadas a ser un éxito debido a lo inexorable de la crisis demográfica que arrastramos en Galicia. Oza-Cesuras, Cerdedo-Cotobade solo suponen el principio de un proceso inaplazable de simplificación del mapa municipal.

313 concellos en la comunidad autónoma son un disparate se mire como se mire. Tanto como que se sostengan fronteras ficticias entre numerosos ayuntamientos. Como la que existe entre Pontevedra y Poio, por citar un ejemplo muy cercano y evidente. Apenas cien metros, al otro lado del Puente de A Barca, y hablamos de dos Administraciones, dos fiscalidades y todos los demás gastos que comporta mantener esta territorialidad tan minifundista. Son un continuo urbano a pesar de que las fronteras municipales digan otra cosa.

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