El Tribunal Económico Administrativo estima los recursos de varios vecinos a los que se les cobraban atrasos
16 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Pontevedra ha tenido que dar marcha atrás en su pretensión de cobrar la tasa de alcantarillado con efectos retroactivos a aquellos vecinos del rural que pudiendo conectarse a la red de saneamiento no lo han hecho. Hay que recordar que una vez que se ejecuta una obra de saneamiento, es obligación de los propietarios de aquellas viviendas situadas a menos de cien metros acometer por su cuenta el «enganche» y abonar la tasa de alcantarillado. Sin embargo, existe un alto porcentaje de viviendas del rural que siguen sin hacerlos.
Hace unos meses, el Concello anunció que cobraría la tasa a todas aquellas viviendas que puedan conectarse a la red, aunque sus propietarios no hayan formalizado la acometida. Y que este cobro tendría efectos retroactivos, hasta cuatro años.
El PP, que desde el principio se hizo eco de quejas vecinales por este asunto, dio a conocer ayer dos resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo del Concello atendiendo las reclamaciones de sendos vecinos y rechazan los efectos retroactivos de este cobro. La razón, argumenta el Tribunal, es que en su día no fue el Concello el que comunicó a estos vecinos que podían engancharse a la red sino que lo hizo una empresa privada, la concesionaria del servicio.
Para el PP estas resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo suponen «un golpe a la política recaudatoria del gobierno local». El portavoz, Jacobo Moreira, calificó de «estafa política» que el Concello cobre a los vecinos aun cuando no están disfrutando del alcantarillado, y lamentó que solo unos pocos, aquellos que han reclamado, puedan evitar el pago, por lo que presentarán una moción para que el Concello «anule de oficio» los recibos. Moreira llegó a comparar la situación «con el caso de las preferentes, donde solo se libraron los que reclamaban».
El gobierno local, sin embargo, subrayó que el Tribunal Económico-Administrativo no cuestiona que se cobre a las viviendas aunque no estén enganchadas a la red, sino que se haga con efectos retroactivos en aquellos casos a los que no fue el propio Concello el que comunicó que la red de saneamiento estaba lista.
Además, el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo (BNG), descartó la «voracidad fiscal» a la que alude el PP destacando que en el caso de que a una vivienda se le cobren los atrasos de cuatro años la factura ronda los doscientos euros, a razón de 9 el bimestre.
A mayores, el concejal Raimundo González Carballo subrayó que el Tribunal Económico-Administrativo que dictó las resoluciones es un estamento municipal, «sinal de que no Concello de Pontevedra se dan plenas garantías para a defensa dos cidadáns».