Los ocho años perdidos de Montecelo

El proyecto del hospital de Monte Carrasco que durante años propugnó el PP parece haber embarrancado mientras el área sanitaria de Pontevedra carece de una mejora asistencial


El aparente desbloqueo de las relaciones entre la Consellería de Sanidade y el Concello de Pontevedra, producto de la reunión mantenida en esta última semana por sus dos máximos responsables, es ante todo una buena pero tardía noticia. La posibilidad de que la solución para mejorar la atención sanitaria en el área de Pontevedra pase por cualquier escenario posible que se consensúe, congratula. Pero no evita que nos asalten un par de preguntas: ¿Por qué se han perdido ocho años? ¿A cuántos pacientes habrá perjudicado semejante demora?

Del mismo modo que acaba de pasar con la continuidad de Ence; y probablemente como acontecerá con Elnosa; el Partido Popular va camino de desdecirse también de su prometido nuevo hospital, el que pretendía construir en Monte Carrasco.

Se trata de otro de los anuncios electorales que Telmo Martín lanzó en la campaña de las municipales del 2007. Un compromiso que luego compró Alberto Núñez Feijoo para su carrera electoral del 2009. El primer candidato del PP por la provincia de Pontevedra y aspirante a la presidencia de la Xunta de Galicia, opuso la propuesta del nuevo hospital a la planificada ampliación de Montecelo que venían postulando primeramente el gabinete que presidió Fraga y después el Gobierno bipartito de Touriño y Quintana. Mientras PSOE y BNG siguieron asumiendo ese postulado, fue el PP el que se desmarcó.

La victoria de Feijoo con mayoría absoluta significó entrar en una confrontación irresoluta entre la Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra que se reeditó en el 2012 con la segunda victoria electoral del líder del PP gallego. En suma, que se han consumido inútilmente ocho años sin avance alguno en las necesarias mejoras sustanciales de la atención hospitalaria para las miles de personas que dependen del área sanitaria norte de la provincia.

Ni la Xunta fue capaz de tirar para adelante con el proyecto hospitalario de Monte Carrasco, ni el Concello ha logrado que se replantease la alternativa de la ampliación de Montecelo.

La caída de Rocío Mosquera y la llegada de Jesús Vázquez Almuiña a la Consellería de Sanidade parecen haber motivado que la Xunta de Galicia flexibilice su posición de antaño. Por medio, quien se mantiene es el supergerente del CHOP, José Manuel Gónzalez, quien no ha dejado de vivir una contradicción. Cuando él fue conselleiro de Sanidade en el último gabinete de Manuel Fraga, rubricó el plan funcional para la ampliación de Montecelo. Compartía por cierto asiento en un Gobierno autonómico en el que Núñez Feijoo también estaba como conselleiro de Política Territorial.

Expropiaciones

El resto de la historia es fácilmente resumible. El Ejecutivo de Feijoo derogó el plan sectorial de incidencia supramunicipal; canceló las expropiaciones previstas en los alrededores de Montecelo y se embarcó en el proyecto de Monte Carrasco, que ha embarrancado en la playa del fracaso. Estamos ya en el 2016, cuando se suponía que veríamos ese nuevo hospital del que solo existe un anteproyecto y los trámites están paralizados desde diciembre del 2010.

Seguramente la disposición al consenso mostrada por el nuevo conselleiro no sea una decisión unilateral, sino que responde a un replanteamiento del asunto que parte y asume el mismísimo presidente de la Xunta de Galicia después de la lección de Vigo.

Ya sea por razones presupuestarias, logísticas o simplemente políticas, parece que la solución al déficit asistencial de Pontevedra se desbloquea en los despachos. Aguardemos a que la negociación entre ambas administraciones se materialice en una solución adecuada.

El estriptís patrimonial

La integridad ética de los cargos públicos resulta siempre exigible por principio. En los tiempos que corren, además, cualquier plus de claridad es bien recibido por la ciudadanía, deseosa de recuperar la credibilidad en los gestores de las instituciones.

La publicación de las declaraciones patrimoniales de los 25 miembros de la corporación municipal de Pontevedra en aplicación de la Ley de Transparencia- resulta, por tanto, un ejercicio de salud democrática plausible. Deseo que se interprete como tal y no se tergiverse la información para especular sobre la capacidad de ahorro o de endeudamiento de nuestros corporativos.

Esta ley se plantea como un instrumento para que la sociedad pueda auditar la evolución económica de aquellos que han optado en convertir la gestión de las instituciones en su quehacer profesional. Los datos que contiene la web del Concello parten del 2015, de modo que no cabe contraste con situaciones de antaño, lo que impide evaluar la evolución patrimonial. Especialmente de aquellos munícipes que llevan más años. Entre ellos, varios de los más destacados miembros del gobierno municipal.

La remuneración a quienes se dedican exclusivamente a la res pública como compensación por el cese de su actividad profesional anterior es necesaria. El riesgo siempre estribará en el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y la corrupción. Para atajar esas desviaciones no bastarán los portales de transparencia. Tampoco caigamos en el buenismo. Seguirán siendo necesarios los juzgados. Pero también urge que los sumarios se cierren, se celebren juicios y se depuren responsabilidades.

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