La Diputación busca a 18.500 personas que le deben dinero

La institución recauda cada año los tributos para 54 ayuntamientos de la provincia

Ciudadanos haciendo cola para pagar tributos municipales.
Ciudadanos haciendo cola para pagar tributos municipales.

pontevedra / la voz

Diecinueve mil personas. La Diputación de Pontevedra ha puesto sobre ellas el foco. Le deben dinero. En su mayor parte corresponden a tributos que gestiona la entidad para los ayuntamientos. La institución provincial es la que les adelanta primero a ellos el dinero año a año con cargo a su caja de anticipos. Para ello se realiza un abono en función de la estimación de la recaudación que se hará en cada unos de los ayuntamientos al cabo del año. Y cada euro cuenta.

Sin embargo, siempre hay quien, por errores de la propia Administración, por despiste o por morosidad militante, no hace frente a los pagos. Por eso, ahora, la maquinaria de cobro se ha puesto en marcha después de que los recibos no se hayan satisfecho. Es el inicio de una dinámica a la que pocos escapan. Solo entre el 1 % y el 3 % del importe final que recauda la Diputación de Pontevedra se acaba despistando entre recursos, faltas de notificaciones u otros métodos para evitar el pago.

Unos ciento diez millones de euros es la cifra que recauda anualmente la Diputación de Pontevedra -se incluyen impuestos municipales, pero también el cobro de multas, que se gestionan para algunos ayuntamientos por parte de la institución provincial- y para ello se echa mano de todos los resortes administrativos. Primero, el simple giro del recibo. Y a partir de ahí, la maquinaria ejecutiva de cobro.

En esas anda la Diputación con esos 18.500 deudores, a los que ya se les ha notificado el inicio del proceso.

Antes, en período voluntario, la institución provincial logra que se abonen entre el 85 % y el 90 % de los recibos. Pero a partir de ahí también se logra cobrar. A través de la vía ejecutiva, o incluso el embargo, se consigue finalmente cobrar. Sin embargo, cuando se recurre a este sistema, paralelamente se está perdiendo ya parte del dinero. Porque estos procedimientos suponen un gasto a mayores para la Diputación de Pontevedra.

¿Pero qué pasa con los que no pagan porque realmente no pueden? Pese al incremento generalizado del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), uno de los principales impuestos que recauda la Diputación para los ayuntamientos, un estudio realizado por la institución en el 2012, coincidiendo con uno de los momentos más bajos de la crisis, revelaba que la morosidad apenas había crecido con respecto a este tipo de tributos.

Familias sin recursos

El pasado mes de noviembre, la institución encargó un estudio para determinar si aquellas familias en condiciones económicas especialmente desfavorables, sin recursos, pero que tuvieran que afrontar el abono de impuestos municipales gestionados por el organismo provincial -54 ayuntamientos de la provincia, de los 62 totales-, podrían acceder a un abono de los mismos de forma fraccionada o aplazada.

La medida está en estudio para analizar su viabilidad y cómo se aplicaría. Sería necesario primero un informe acerca de las circunstancias de las personas en situación económica precaria. Y este debería ser emitido por los propios ayuntamientos, a través de los técnicos municipales.

Tendrán que evaluarse caso a caso entre los dos millones de recibos que envía cada año a los contribuyentes el Oral, el organismo encargado de la gestión del cobro. Prácticamente nueve de cada diez se abonan en tiempo y forma. El gasto se reduce enormemente si en período voluntario el dinero acaba ingresado en las arcas de la Diputación. Si no, seguir al moroso empieza a costarle dinero extra a la Diputación en concepto de gestión.

Y eso que la continua actualización del catastro que se está llevando a cabo en los municipios de la provincia ha incrementado notablemente en los últimos años el importe de lo recaudado. El número de inmuebles sujetos a cobro se ha incrementado gracias a las inspecciones. Registrados tras estas actualizaciones están ahora 374.305 en toda la provincia, aunque no se contabilizan los de las ciudades y municipios cuyos tributos no gestiona directamente la Diputación. Esto, sumado a la obligatoriedad del incremento del IBI dictado por el Gobierno en la pasada legislatura, ha hecho crecer en más de quince millones de euros al año la recaudación que se realiza por esa vía.

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