La fábrica más polémica de la comarca llegó a Pontevedra con la promesa de empleo y progreso
26 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Construida al pie de la ría de Pontevedra en una España franquista hambrienta de fábricas, la Empresa Nacional de Celulosas se anunció como una de las grandes apuestas modernizadoras del régimen. La idea entusiasmó a algunos -contó con el respaldo del gobierno local del momento- y no captó las simpatías de otros -los mariscadores y los vecinos de Os Praceres, que protestaron en vano-. Era 1958 y la obra del complejo fue todo un reto. En pocos años, la fábrica cambió Pontevedra para siempre. Supuso el relleno de marismas y playas hasta ocupar 612.500 metros cuadrados. Conllevó la creación de una urbanización en Ponte Muíños, donde residían sus trabajadores. Consolidó la necesidad de la autovía de Marín y reforzó el despegue del puerto. En una perspectiva no tan optimista, alteró el paisaje de postal del que hacía gala Lourizán y empujó el marisqueo al interior de la boca de la ría. Trajo otra consecuencia que identificó a Pontevedra y a Marín, según soplase el viento, un intenso olor a coliflor procedente de la cocción de la madera para pasta.
Celulosas comenzó a operar a principios de los sesenta y cuando Franco la inauguró en 1963 se paseó por una fábrica que producía 30.000 toneladas al año de pasta kraft -actualmente supera las 400.000 toneladas anuales-. Su objetivo era autoabastecer a España de pasta de papel y ahorrar 4,2 millones de dólares en divisas de aquel entonces. También se publicitó «la ocupación permanente, directa y bien remunerada» de 400 obreros, a los que había que añadir el sector forestal.
Aquella central de Celulosas hacía pasta kraft con madera de pino (Pinus pinaster). El producto resultante era de color marrón y se utilizaba en el cartonaje. Más adelante, la evolución del mercado impulsó el proceso de pasta blanca, una decisión que ha estado en el origen de la lucha ecologista, ya que para su fabricación se empleaba cloro. En 1980, se introdujo el eucalipto como material fundamental para la elaboración de la pasta de papel y doce años después se implantó un cambio tecnológico que excluía el dióxido de cloro. Sin embargo, hubo que esperar a 1997 para que la totalidad de la producción del complejo se declarase «totalmente libre de cloro». Desde entonces, se emplea agua oxigenada para el proceso de blanqueo.
Instalación de Elnosa
Lourizán recibió en 1967 otra empresa, en este caso del sector electroquímico. Elnosa comenzó su trayectoria en ese año y obtuvo del Estado, para poder instalarse, varias parcelas de la concesión de la pastera y que esta no utilizaba. Elnosa, actualmente en manos de CUF, la mayor química de Portugal, ha tenido una trayectoria paralela a la Ence. Los detractores de la una lo son también de la otra y han llevado a ambas a los tribunales más de una vez.
El malestar en el seno de la sociedad pontevedresa por la actividad de la fábrica se canalizó en 1987 a través de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Esta organización llevó durante muchos años el peso de los sectores críticos con la factoría, de hecho, sus marchas contra Celulosas son una referencia del calendario ecologista comarcal.
Fue precisamente a raíz de la denuncia de un vecino, a la que luego se sumó la APDR, cuando se produjo uno de los momentos más delicados para la fábrica pontevedresa: su juicio por delito ecológico. En el banquillo se sentaron seis ex directivos, que aceptaron pactar una condena de seis meses.
La resolución judicial fue toda una victoria para Defensa da Ría. Los magistrados emitieron una sentencia condenatoria contra Ence por un delito ecológico, dos continuados de daños y cuatro faltas contra las personas. Los antiguos altos directivos de la empresa aceptaron que hasta 1994 en Lourizán se incumplió la legislación vigente sobre vertidos. A mayores, la fábrica tuvo que pagar 433.000 euros, destinados a la mejora ambiental de la ría.
El juicio de Ence marcó un antes y un después en la lucha ecologista, pero en el entretanto, se produjo un cambio decisivo también en la titularidad de esta industria. En el 2001, la Sepi, sociedad estatal en la que estaba incluida Ence, culminó el proceso de privatización, con lo que la fábrica pasó a nuevos propietarios. El complejo fabril no solo cambió de manos, también los tiempos eran distintos a aquel lejano 1963 y las exigencias ambientales de la sociedad y de la legislación europea marcaron el ritmo de los cambios en la gestión del recinto de Lourizán. Los aspectos ambientales ganaron más peso en el día a día.
Asimismo, en esta década Ence impulsó varios proyectos de expansión que, por diversas razones, encallaron. De especial relevancia, por el empeño que puso la pastera a favor y la oposición del Concello de Pontevedra a su ubicación en Lourizán -porque supondría la consolidación del complejo-, fue el cierre del ciclo productivo del papel. Las dificultades administrativas y políticas con las que se encontró el proyecto de la papelera forzaron a la empresa a desistir de su realización. No fue el único revés que sufrió en esos años.
Una de las previsiones más ambiciosas del grupo español, consistió en la construcción de una nueva pastera en Río Bentos (Uruguay), una iniciativa que levantó una fuerte oposición de Argentina. Era la oportunidad que Ence entendía vital para acceder al mercado sudamericano. Sin embargo, la crisis económica se impuso y en otoño del 2009 vendió sus activos en Uruguay para centrarse en su actividad en España.
Según avanzaba el tiempo, el reloj marchaba en contra del futuro de Ence. El año 2018 pesaba como una espada de Damocles, porque ese era el límite de su supervivencia, la fecha de caducidad de la concesión. El debate político y social creció en intensidad y virulencia entre los defensores y los críticos. En varias ocasiones se habló de la reubicación, repetida como un mantra por todos los partidos, aunque desde Ence se reiteró que era una quimera. Tal reubicación no es posible, argumentaba, porque se trataría de hacer una nueva fábrica y es inviable económicamente.
Procesos ante Costas
El debate se hizo aún más agrio tras la aprobación de la nueva Ley de Costas en el 2013, que abrió la puerta a las prórrogas de concesiones industriales, como es el caso de la pastera. El PP cambió públicamente su discurso, se posicionó a favor de la continuidad alegando el interés general -por el impacto en el sector forestal y la falta de alternativa al cierre- y el nuevo escenario legal tras la reforma de la Ley de Costas.
En este choque, el frente judicial, impulsado por Salvemos Pontevedra, logró forzar a Costas, por orden del Supremo, a incoar el año pasado un expediente de caducidad de la concesión. Su tramitación dejó en el aire el proceso de la prórroga hasta que en julio, Costas se pronunció a favor de la concesión cuestionada. El resultado allanó el camino a la continuidad, el trámite ante Medio Ambiente se reabrió y los acontecimientos se precipitaron. La Xunta informó que Ence cumple con su autorización ambiental integrada y el Estado zanjó ayer el asunto al autorizar a la pastera a seguir en la ría 60 años más.
La continuidad de la factoría ha sido campo de batalla político y social desde hace décadas
el futuro de la ría
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