Piden la ejecución de la sentencia que declara ilegal la depuradora

Salvemos Pontevedra demanda la paralización de cualquier actuación que interfiera, como el proceso abierto por Costas para su regularización


pontevedra / la voz

La depuradora de Os Praceres y el emisario submarino por el que se vierte a la ría las aguas tratadas fueron clasificadas sin cobertura legal por una sentencia del Tribunal Supremo, en un proceso judicial instando por la plataforma Salvemos Pontevedra. Ahora, el colectivo reclama la ejecución de la sentencia, emitida el 23 de julio pasado y declarada firme, después de que el emisario y la depuradora tampoco encontrasen amparo en la resolución de la Dirección General de Costas que ratificó la vigencia de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán.

Costas, entretanto abrió un proceso de trámites para asegurar el futuro de la depuradora, que imponía a la Xunta de Galicia obtener un título habilitante para la concesión que diese cobertura a ambas instalaciones.

La petición de la ejecución de la sentencia por parte de Salvemos Pontevedra trata ahora de frenar cualquier trámite en ese sentido. «Ello significa que la Dirección General de Costas debe incoar el expediente de caducidad en el plazo de dos meses, paralizando hasta entonces cualquier actuación que pudiese interferir en el mismo», explica Francisco Díaz, presidente de Salvemos Pontevedra sobre la petición de ejecución de la sentencia.

La Xunta de Galicia mantiene la política de que la depuradora continúe funcionando toda vez que considera que su paralización supone una «irresponsabilidade», según manifestó cuando se conoció la sentencia. Pero ahora, con la petición de la ejecución de sentencia, Salvemos Pontevedra pretende darle la vuelta a esta situación. «Teniendo en cuenta que la EDAR de Placeres y el emisario submarino carecen de cualquier título habilitante para ocupar y realizar sus actividades industriales (clasificadas molestas, insalubres, nocivas y peligrosas) en dominio público marítimo-terrestre -argumenta el colectivo-, desde aquí, emplazamos a las Administraciones públicas competentes (Concello de Pontevedra, Xunta de Galicia y Ministerio de Medio Ambiente), a que den cumplimiento a la sentencia y actúen en consecuencia, procediendo a reparar un despropósito medioambiental histórico, en la ría de Pontevedra».

Salvemos Pontevedra ha mantenido una lucha judicial contra toda actividades en las marismas de Lourizán y reclama su restitución como dominio público.

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