Los presupuestos de la Xunta reservan para 2016 cinco millones, casi la mitad de lo anunciado en el 2015, y dejan otros quince para el 2017. La obra se licitó en octubre
21 oct 2015 . Actualizado a las 11:02 h.Una vez superado el escollo más importante, el de la titularidad de los terrenos para el nuevo edificio judicial de A Parda, que lo mantuvo absolutamente paralizado durante seis años, finalmente los presupuestos de la Xunta de Galicia para el 2016 incluyen una partida para la obra. Está dotada con 5.018.657 euros, algo más de la mitad de la cuantía anunciada el año pasado. Entonces la memoria de los Orzamentos para el 2015 fijaba una primera aportación, de 1,7 millones de euros, como inauguración de un plan trianual que supondría una inversión total de 20,7 millones.
Los dos ejercicios siguientes, los del 2016 y el 2017, se repartirían a partes iguales, según adelantaba el documento hecho público hace exactamente un año, el resto de la cantidad, algo más de 18 millones. La inversión que el Ejecutivo gallego tendría que hacer efectiva este año ascendería, así, a 9.127.566 euros. la misma que la del 2017. Sin embargo, ahora el Gobierno autonómico concentra esa inversión. Para el ejercicio que está a punto de comenzar se consignan cinco millones y será en el próximo cuando se concentre la inversión definitiva, con, 15.646.621 euros, seis millones más de lo calculado hace un año, cuando se espaciaba la inversión en varios ejercicios.
Así figura en el apartado «Edificios e outras construcións. Edificio xudicial de Pontevedra», incluido dentro del capítulo de Investimentos Reais. La aportación económica se reparte entre «Novas infraestruturas xudiciais ou rehabilitación das existentes» y «Actuacións realizadas para a modernización e achegamento» a la Administración pública.
Pulso entre Administraciones
El presupuesto parecía ser el último de los escollos con los que tendría que enfrentarse un proyecto tan esperado como desilusionante para el municipio.
Esperado porque servirá para aglutinar y ampliar las instalaciones de una Administración, la de Xustiza, que se encuentra, al igual que en muchas otras partes de Galicia, colapsada por el volumen de trabajo que genera. Y desilusionante por momentos debido a la inmovilización a la que la tuvo sometida un pulso que Xunta y Concello de Pontevedra mantuvieron desde el 2009 y que no vio su fin hasta agosto de este año. Se enroscaron ambas instituciones en una cuestión, que para unos era meramente burocrática y para otros una cuestión importante de forma, por una parcela de 6.655,90 metros cuadrados que, según el gobierno local, ya estaba expropiada y era de su propiedad -solo quedaba inscribirla en el Registro de la Propiedad-, y según el autonómico, debía ser objeto de una acuerdo plenario para dar vía libre a la Consellería para iniciar los trámites.
El Concello finalmente dio su brazo a torcer y, tras firmar un acuerdo de la junta de gobierno -considerada insuficiente por la Xunta-, llevó su cesión formal a la sesión plenaria veraniega y remitió al Ejecutivo gallego el acuerdo en el que así figuraba.
Salía así la obra a licitación el pasado 13 de octubre -fecha de la publicación del anuncio en el BOE-, que fijaba como plazo máximo de ejecución 24 meses, aunque el Gobierno autonómico confía en acortar el período durante el proceso de contratación. El edificio judicial tendrá 21.000 metros cuadrados, estará comunicado por una pasarela con la actual sede y acogerá hasta 28 unidades judiciales.
Lo no penal
La idea es que albergue la jurisdicción no penal: cuatro juzgados de lo Social y dos de Mercantil -que están en la Audiencia Provincial-, tres de lo Contencioso-Administrativo -en Xermán Adrio-, y seis juzgados de primera instancia. El actual edificio seguirá siendo la sede de la Fiscalía, que ganará espacio con una planta más, así como de los juzgados de lo Penal.
El diseño del futuro inmueble también prevé, entre otras mejoras, la construcción de un párking subterráneo con capacidad para 240 vehículos para uso de los trabajadores.
Las ventajas de la nueva sede no serán, no obstante, únicamente materiales, ya que la obra será una de las primeras que estará sujeta a los preceptos de la «guía para unha contratación responsable», aprobada el pasado mes de septiembre por la Xunta. En ella se especifican varias cláusulas sociales relacionadas con los requisitos de solvencia que se exigirá a las empresas y a la estabilidad en el empleo. Y se primará, por otra parte, a las firmas que promuevan medidas de inserción laboral.
ORZAMENTOS 2016