Costas reclama a la Xunta que informe sobre la prórroga de Ence

La Administración autonómica tiene que decidir su dictamen este año


pontevedra / la voz

La maquinaria administrativa sigue su ritmo y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha reclamado a la Xunta de Galicia que emita el informe preceptivo con la valoración autonómica sobre la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Pontevedra. Es decir, en un plazo breve de tiempo, que en todo caso no puede superar la barrera de este año, la Xunta tiene que aclarar si quiere que Ence continúe en Lourizán o no, y en cualquiera de los dos casos también tendrá que justificar su postura, argumentando razones técnicas y jurídicas.

Esta es la segunda vez que el Estado pide a la Xunta la emisión de este informe. La primera vez fue a principios del año pasado, cuando la empresa pidió por primera vez la prórroga de la concesión. En aquella ocasión la Administración autonómica pactó con Costas la suspensión del procedimiento como consecuencia de que faltaba por entrar en vigor el reglamento de la nueva Ley de Costas. Cuando esta normativa estatal se publicó varios meses después, no se pudo retomar este trámite, porque una sentencia del Supremo obligó a Costas a incoar un expediente de caducidad de la concesión de Ence. Mientras el Estado revisaba la vigencia o nulidad del título concesional no tenía sentido debatir si se podía prorrogar. La decisión de Costas sobre el estado actual de la concesión se conoció el pasado 25 de julio y fue favorable. En opinión del departamento estatal, la concesión ampara la actividad de la fábrica y a Ence solo le corresponderá pedir la licencia de legalización del comedor y asumir el coste del traslado del campo de fútbol de Lourizán.

Ante esta marcha de los acontecimientos, quedó despejado el camino para poder seguir la tramitación de la prórroga de la concesión. La empresa volvió a pedirla el pasado 31 de julio, solo unos días después del sí de Costas a su vigencia. A la empresa le corre prisa despejar su futuro. Hay numerosas inversiones en el aire, que dependen de que pueda seguir en la ría más allá del 2018. Se trata de obras que están pendientes de que se resuelva la incógnita del futuro y que la pastera ha ido dilatando en el tiempo porque sin prórroga la inversión millonaria no sería amortizable. Sin embargo, esto lastra la competitividad de la fábrica de Lourizán, a la que le urge actualizar algunos procesos para mantener un margen de beneficios adecuado en el siempre reñido sector de la pasta de celulosas en el mundo.

Costas ha aceptado seguir adelante con la tramitación de la prórroga y esta vez todo parece indicar que la Xunta no pondrá pegas a asumir la emisión del informe. Este documento será determinante ante el Estado, pero no es vinculante. Será Madrid, en base a la reforma de la nueva Ley y su reglamento que la desarrolla, quien tendrá la última palabra.

En todo caso, la Consellería de Medio Ambiente será la encargada de decidir la valoración de la Xunta sobre el futuro de esta factoría. Si el dictamen es favorable, y todo parece indicar que así será, entonces Costas podrá sumar un argumento básico para otorgar el permiso administrativo para que continúe en Lourizán más allá del 2018.

El interés general, el empleo creado y el sector forestal, a tener en cuenta

El Partido Popular ha dado un giro importante ante el futuro de la pastera. Hace años se mostraba partidario del traslado de la fábrica y llegó a apoyar esta medida en el Parlamento. En la actualidad, todos los conselleiros que se han pronunciado sobre el tema y Feijoo mismo, lo hacen a favor de su continuidad. En las filas populares se incide en que han pasado cosas que justifican este giro, mientras que la oposición, también de forma unánime, ha llenado de reproches a la Xunta acusándola de hipotecar el desarrollo económico y ambiental de la ría.

Desde las filas populares se defienden tomando los mismos puntos que sus rivales. Inciden en que la reforma de la Ley de Costas del 2013 permite a las empresas en el dominio público marítimo terrestre una prórroga de la concesión si se cumplen una serie de requisitos técnicos y ambientales. Esto era imposible con la Ley de 1988, de ahí que los populares insistan en que antes del cambio legal apoyaban el traslado. Sin embargo, la reubicación es hoy por hoy inviable y mucho más tras la crisis económica que ha azotado tan severamente a España. Y es aquí de donde el PP saca su siguiente argumento. Pontevedra es la ciudad gallega con más paro, Ence da trabajo a 800 personas en la comarca y a más de 5.000 en Galicia, cerrarla sería disparar el desempleo sin dar alternativas. Y por último, en el ámbito ambiental, se señala que si Ence cumple con criterios técnicos estrictos no hay razón legal para negar la prórroga.

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