Costas abre los trámites para asegurar el futuro de la depuradora de Os Praceres

Medio Ambiente inicia el proceso para que la Xunta regularice sus instalaciones de saneamiento


pontevedra / la voz

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de Costas, ha iniciado la tramitación administrativa con el objetivo de dar una solución al problema de la situación jurídica de la depuradora y del emisario submarino de Os Praceres. Ambas instalaciones fueron clasificadas como sin cobertura legal por una sentencia del Supremo, en un proceso judicial instando por la plataforma Salvemos Pontevedra, y tampoco encontraron amparo en la resolución de Costas que ratificó la vigencia de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán tras el expediente de caducidad de la concesión de la pastera, ordenado por el alto tribunal estatal, y que también entró a dilucidar el estado actual de estas instalaciones.

No obstante, en esta resolución que dio su visto bueno a la continuidad de la actividad de la pastera se precisaba de forma explícita el apoyo de Costas a la permanencia de la depuradora y del emisario en su ubicación actual. Eso sí, para dar por zanjada la eterna disputa sobre su situación jurídica, la resolución de Costas imponía a la Xunta obtener un título habilitante para la concesión que diese cobertura a ambas instalaciones de la red de saneamiento de la ría de Pontevedra. Esta medida es posible en base a la nueva Ley de Costas, reformada por el Gobierno de Rajoy en el 2014.

La Consellería de Medio Ambiente manifestó ayer que la incoación del expediente de la concesión para la EDAR y el emisario lo está llevando a cabo el ministerio y que la Xunta está trabajando en este asunto desde que se conoció la resolución de la vigencia de la concesión de Ence a finales del pasado julio.

El trámite administrativo es relativamente rápido, lo que permitiría, si todo sale como Xunta y Costas esperan, tener una resolución definitiva con una autorización expresa antes de que remate este año. Mientras este permiso no se consigue, la EDAR seguirá funcionando, porque según la Xunta, su paralización sería una «irresponsabildiade».

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