El Concello abre otro plazo para ofertar terrenos para el compost

Serxio Barral Álvarez
Serxio Barral PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA CIUDAD

El de A Canicouva es el único terreno que baraja el gobierno local para la planta de compost.
El de A Canicouva es el único terreno que baraja el gobierno local para la planta de compost. Ramón leiro< / span>

El concurso persigue dar cobertura legal a la opción de A Canicouva

22 may 2015 . Actualizado a las 21:28 h.

El Concello de Pontevedra abrirá en los próximos días un plazo de treinta días para recabar ofertas de terrenos en los que ubicar la planta de compost. La junta de gobierno local aprobó ayer las bases que regirán el concurso público para «o contrato de alugueiro ou cesión onerosa de terreos para a construción e explotación» de la pretendida planta. El plazo de 30 días comenzará a correr en cuanto se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, presumiblemente la semana próxima.

La convocatoria de este concurso no tiene otro objetivo que dar cobertura legal a la decisión, ya tomada por el gobierno local, de construir la planta en la parroquia de A Canicouva. El pasado mes de diciembre se escenificó el acuerdo entre el Concello y la comunidad de montes, pero desde los servicios municipales se advirtió de la posibilidad de caer en inseguridad jurídica por el peculiar proceso de búsqueda de terrenos que se hizo hace justamente un año.

Entonces, el Concello dio un plazo de dos meses para que los propietarios de terrenos pudieran presentar ofertas. Los terrenos tenían que cumplir una serie de requisitos -más de 20.000 metros cuadrados, sin excesiva pendiente, con un fácil acceso y que no presenten problemas para su conexión con la red de alcantarillado y para contar con agua-, pero pasado ese plazo no se dio con la oferta idónea. En septiembre, el Concello anunció que había descartado una opción planteada por la comunidad de montes de Campañó, y fue entonces cuando los comuneros de A Canicouva comenzaron a barajar la posibilidad de ofertar terrenos.

Esta oferta llegó al Concello en el último trimestre del año, fuera ya del plazo inicial de dos meses, y se consideró idónea a finales de diciembre. Pero antes de firmar el contrato, que reportará unos ingresos de más de 20.000 euros anuales a la comunidad de montes por el alquiler de su terreno, los servicios jurídicos municipales advirtieron de la necesidad de convocar formalmente un concurso para dar plena cobertura legal a la decisión municipal. Y eso es lo que se acordó ayer, celebrar un proceso «de libre concurrencia» para sellar la elección de terrenos.

Baremo

El concejal César Mosquera (BNG) explicó que la medida se adopta para «ter o expediente nas mellores condicións» ante el «previsible aluvión de recursos» que se pueden presentar contra el mismo. Para ello se han elaborado un pliego de condiciones con «todas as garantías» que establece un baremo para su puntuación, atendiendo a cuestiones como la distancia mínima a las viviendas, el tipo de suelo, la orografía del terreno o la posibilidad de conexión a los servicios.

Mosquera señaló que se aprobó ayer por una cuestión de plazos: «Se queremos ter a planta operativa no 2017 non podemos perder nin un día». Y aludió a que el pliego incluye una cláusula por la que la corporación que salga de las urnas el próximo domingo puede revocar el concurso sin mayores explicaciones.

El PSOE se ausentó de la junta de gobierno al no compartir que sea un asunto urgente

Los dos representantes del grupo socialista en la junta de gobierno local abandonaron la sesión extraordinaria de ayer al considerar que no estaba justificada la urgencia del único asunto que se trataba. El concejal de Educación y Deportes, Agustín Fernández (PSOE), señaló que «o máis correcto» hubiera sido dejar el concurso para la próxima corporación municipal. «Dende un punto de vista político no é comprensible que fagan isto a un día e medio das eleccións», señaló.

Además, Fernández también se refirió a la implicación legal del concurso que convoca el Concello. Aseguró que es cuestionable, y se apoyó para ello en un informe bastante ambiguo emitido conjuntamente por el secretario municipal y por la jefa del servicio de Patrimonio. Si bien ambos técnicos acaban informando favorablemente el expediente por el que se convoca el concurso, se cuestiona una parte del pliego. Este, indican, «non ten cláusulas contrarias ao ordenamento xurídico e axústase á normativa exposta, excepto o disposto de que a adxudicación do contrato debe garantir a viabilidade económico-financieira, medioambiental e urbanística». Los técnicos subrayan que «a viabilidade debe determinarse antes de licitar o contrato» y no antes de su adjudicación.

César Mosquera minimizó estas objeciones y se agarró a que ambos técnicos «informan favorablemente» el expediente y así lo rubrican.