El fiscal mantiene la petición de 4 años para el responsable del club cannábico
PONTEVEDRA CIUDAD
El abogado de Paz Fontenla insistió en la inocencia de su cliente
21 jun 2013 . Actualizado a las 13:04 h.La segunda y última jornada del juicio contra el fundador y responsable de la Asociación Pontevedresa de Estudios sobre el Kannabis (APEK) se cerró ayer con el fiscal elevando a definitivas las conclusiones de su escrito de acusación. De este modo, mantuvo su petición inicial de cuatro años de prisión y doce mil euros de multa contra José Francisco Paz Fontenla en relación con un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud.
Por su parte, el abogado Fernando Romay solicitó la libre absolución de su cliente, así como la devolución de todos los efectos intervenidos en el marco de las redadas que se llevaron a cabo en el verano del 2012 en el local que el club cannábico tenía alquilado en la zona monumental. En su alocución, el letrado pontevedrés insistió en que en la actividad que llevaba a cabo la citada asociación no existía ánimo de lucro.
Asimismo, sostuvo que el objetivo último de que los socios tuviesen que abonar pequeñas cantidades de dinero por la marihuana que consumían no era otro que el de sufragar los gastos que generaba el bajo -«había que pagar el alquiler, las facturas de la luz o el agua, los abonos, la reposición de las lámparas de cultivo y de otros equipos...», reseñó Fernando Romay al término de la vista oral-.
Fenómeno extendido
Tras incidir en que los clubes cannábicos son un fenómeno que se está extendiendo por buena parte del territorio nacional, incidió en que estas iniciativas evitan que sus socios tengan que recurrir al mercado negro para consumir marihuana.
Por su parte, la Fiscalía entiende que la ley ya es meridianamente clara. A este respecto, una de las fuentes conocedoras de este caso reseñó ayer que el Código Penal es claro cuando alude «textualmente a los que ejecutaren actos de cultivo y él estaba ejecutando un acto de cultivo». Entienden que, a este respecto, poco importa que esta actividad la «ejecutara para él o mediante la delegación de los derechos de los socios que había hecho sus previsiones de cultivo para justificar la existencia de una plantación».
Según refleja el fiscal en su escrito de acusación, el 20 de junio del 2012, agentes de la Policía Local realizaron una inspección ocular en el establecimiento de la calle San Nicolas hallando «145 plantas en diferentes estados de crecimiento y diversa cantidad de hojas secas y flor». Además, fueron localizados útiles para el pesaje, manipulación y envasado de la droga.
Posteriormente, y con el objetivo de confirmar las sospechas que apuntaban a la existencia de otra plantación en una dependencia oculta, funcionarios de la Comisaría fueron autorizados judicialmente para llevar a cabo una inspección. Esta se produjo el 1 de agosto del mismo año. Los policías nacionales desplazados hasta la sede social de APEK no solo localizaron un espacio acondicionado como invernadero, sino que pudieron decomisar algo más de 260 gramos de marihuana, que hubieran generado unos ingresos de 1.215 euros en el mercado ilícito.