Imputado un exdirector de un colegio por desnudar y atar a un niño de 9 años

El auto judicial afirma que el docente torturó supuestamente al menor en el centro Príncipe Felipe, de Pontevedra


Pontevedra / La VOz

Un exdirector del CEIP Príncipe Felipe, de Pontevedra, permanece imputado por lo que el juez instructor considera que pueden ser torturas a un niño de 9 años -artículo 174, 175 o 176 del Código Penal-. Las diligencias también se dirigen contra la que fue jefa de estudios.

En el auto, que ya fue remitido a la acusación particular y a la Fiscalía para que soliciten la apertura del juicio oral, se refiere que el niño llegó junto con sus hermanos en febrero del 2011 a la Cidade Infantil Príncipe Felipe. Añade que, una vez trasladado a este centro, continuó el curso académico en el colegio del mismo nombre.

Al parecer, el pequeño presentó desde su llegada un comportamiento disfuncional en las clases. Se añade que presumiblemente llegó a protagonizar diversos incidentes que habrían llevado al exdirector a tomar cartas en el asunto.

En este sentido, y según trascendió ayer, este funcionario habría decidido asumir «persoalmente as accións en relación con ese menor». Una de las medidas que supuestamente adoptó en un primer momento, según se refiere en el documento judicial, fue la de encerrarlo solo en un despacho.

La reacción del pequeño no se hizo esperar. El mobiliario de esa dependencia y las ventanas sufrieron su acometida.

Asimismo, «cando menos nunha ocasión», el ahora imputado supuestamente ató con bridas las muñecas y los tobillos del niño para, acto seguido, salir del centro educativo. Horas más tarde, una profesora fue la que se encargó de retirarle las ataduras.

Esta docente habría solicitado el auxilio de, entre otras personas, la que era jefa de estudios. El juez instructor hace constar que «se negou a prestala».

No son estos los únicos hechos que se relatan en el auto. También se recoge que en marzo el imputado presumiblemente «obrigou ao menor a sacar a roupa de cintura para abaixo nese mesmo despacho de forma que se lle podía ver dende fóra por calquera persoa que pasara polo lugar».

En cuanto a la que era jefa de estudios, se afirma que «existen indicios de que coñecía as medidas adoptadas, apoia a súa adopción e negouse a poñer fin á situación (ou cando menos manifestar a súa oposición) cando foi requirida por outras persoas do centro para que o fixera».

Para el juez instructor, tales conductas hacia un pequeño de 9 años «supoñen una afección innecesaria á súa dignidade, que tiña por única finalidade impor un castigo desproporcionado e contraproducente». Sostiene que «tanto a duración da medida, como o emprego de medios mecánicos de suxeición, como manter a un menor espido en lugar visible por terceiros constitúe a conversión do menor nun mero obxecto, desprovelo da súa dignidade como persoa e situalo nunha situación de evidente indefensión que non é tolerable».

Todo parece indicar que esta situación se mantuvo algo más de un mes, hasta que intervino la inspección educativa y se optó por un urgente cambio del equipo directivo del centro.

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