UU.AA. denuncia ante la Fiscalía un delito económico por el precio de la uva
PONTEVEDRA CIUDAD
Calculan que este año puede quedar en la parra 3,5 millones de kilos
23 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Unións Agrarias ha transformado las reivindicaciones de los últimos meses en una denuncia presentada en la Fiscalía de Pontevedra por considerar que el Consello Regulador Rías Baixas y determinadas bodegas de la denominación podrían haber incurrido en un delito económico al consentir que se esté vendiendo uva por debajo del precio acordado en la Mesa do Viño.
«En todo isto hai un responsable directo que é o consello regulador, un grupo de bodegas e a cobertura que lle da Medio Rural. Aínda que o disimulan coa legalidade, non é un debate diso, senón que estamos nunha práctica orquestada para reducir o prezo da uva», señaló ayer el secretario xeral de UU.AA., Roberto García.
En la denuncia presentada ayer en la Fiscalía, el colectivo agrario solicita a la comisión de seguimiento el acta de la sesión celebrada el pasado 13 de septiembre, además de citar a declarar sobre estos hechos a los representantes de las bodegas nombradas en dicha sesión. El documento reúne las principales reclamaciones que a lo largo de los últimos meses se han reiterado para evitar lo que ahora parece palpable, según UU.AA. «Aínda que é difícil de calcular é probable que queden na parra 3,5 millóns de kilos de uva», alerta García.
Una parte de los viticultores exigieron antes de la vendimia un incremento del rendimiento por hectárea del 25% ante las expectativas de una gran cosecha. El pleno del 2 de agosto solo aprobó un 15% y ahora acusan al consello regulador de fomentar la venta de uva en B. «Este ano os furanchos terán tamén unha materia moi importante», explica.
Prácticas ilegales
Además, advierten al Ministerio público de que muchas bodegas están comunicando a los viticultores, con los que tienen firmados contratos homologados, que respetarán el precio establecido en el contrato para una cantidad de uva igual a la entregada en el 2010 y el resto se pagaría a 0,50 euros el kilo. En otros casos, indican que «debido a las circunstancias económicas actuales se ven obligados de ofrecer un precio de un euro por kilo». Estas prácticas denunciadas por algunos viticultores en los últimos días han llevado a la comisión de seguimiento a notificar a las bodegas la justificación de esas prácticas. Convencidos de que estas actuaciones ejercen un perjuicio sobre el albariño, Roberto García, acompañado de los representantes del sindicato, señaló ayer en Pontevedra que «aprobar un rendemento menor é provocar un excedente irreal e artificial para xustificar o abaratamento da uva».
Desde UU.AA. buscan en la denuncia de la Fiscalía un paso más allá de cara a la próxima campaña. Reiteran la necesidad de actualizar los viñedos, las cartillas y sobre todo «que soamente teña cobertura a plantación real».