La Agencia de Protección insta a Educación a tomar medidas para evitar divulgar datos de menores

Considera una infracción muy grave una información dada a los medios en el 2008.


santiago/la voz.

La revelación de datos sobre un menor es una infracción muy grave, sobre todo si quien lo hace tiene acceso a ficheros de información. Así lo considera la Agencia Española de Protección de Datos, que acaba de hacer pública una resolución dictada en marzo en la que considera que la Consellería de Educación infringió de forma muy grave el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Los hechos sucedieron en agosto del 2008, cuando en diversos medios de comunicación se publicaron datos de salud relativos a la hija de los denunciantes. La información se refería en concreto a que la estudiante sufría una discapacidad tanto física como psíquica, unos datos que los denunciantes aseguran que «solo pudo ser obtenida por fuentes procedentes de la propia Consellería de Educación».

Los padres solicitaron la apertura de un procedimiento sancionador y el reconocimiento a a ser indemnizados por el perjuicio ocasionado, que cuantificaron en 15.000 euros. La Agencia de Protección resolvió no solo calificando como muy grave la infracción, sino que requirió a la Consellería de Educación «para que adopte las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 10 de la ley».

Este artículo recoge que el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.

La agencia recoge que este deber de sigilo, en la sociedad actual, resulta esencial ya que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales, como son la intimidad o la protección de datos. El informe considera probado que Educación, a través de la delegación de Pontevedra, «reveló a terceros los datos personales de la hija de los denunciantes, incluidos los relativos a su grado de discapacidad y otras lesiones». Aunque los asuntos relacionados con el ámbito educativo tienen una alta repercusión social, esto no justifica dar a conocer el grado de minusvalía de la menor que no es de interés general, recoge la resolución.

El ex delegado, imputado

Este caso fue más allá de una denuncia en la agencia de protección, ya que el ex delegado de Educación en Pontevedra deberá declarar como imputado este mes por haber revelado datos, por un presunto delito contra la intimidad. El caso saltó a los medios en el 2008 cuando la Administración negó a los padres la escolarización de la menor en el colegio del municipio, al creer que debería trasladarse a un centro de educación especial.

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