El gobierno local de Pontevedra ha decidido dar un giro en su planteamiento sobre el aparcamiento subterráneo bajo la calle Antón Fraguas. Si hasta hace unos meses abogaba por convocar un concurso público para adjudicar la explotación de la instalación -que dispone de un total de 443 plazas de uso rotatorio-, ahora ha decidido autorizar a la empresa que construyó el estacionamiento, Construcciones y Obras Veteris SL, a explotar el mismo. Se trata, por tanto, de una adjudicación directa, aunque tiene el matiz de que será provisional a la espera de que se hagan públicas dos sentencias pendientes. Una, sobre la modificación del PGOU que autorizaba la construcción de aparcamientos bajo vías públicas; y la otra, sobre el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones que amparaba el convenio suscrito en su día entre el Concello y Veteris.
La concejala de Urbanismo, Teresa Casal, explicó ayer que la decisión de autorizar ya la apertura y explotación del estacionamiento subterráneo se adoptó ante la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de denegar la suspensión cautelar del convenio entre el Concello y Veteris mientras se tramita el recurso en el tribunal Supremo.
Dictámenes
Como apoyo legal a la decisión, el Concello incorpora al expediente sendos dictámenes emitidos por «dous prestixiosos catedráticos de Dereito Administrativo»: Jose Luis Meilán Gil y Francisco Javier Jiménez de Cisneros.
El Concello negoció con la promotora y llegó a un acuerdo por el que Veteris renuncia a reclamar pago alguno por el lucro cesante por los años en que, con un convenio firmado, no ha podido explotar el negocio. El acuerdo también incluye la cuantía de la indemnización que recibirá Veteris en el caso de que se produzca una sentencia contraria a sus intereses y finalmente haya que convocar un concurso público para adjudicar la explotación del estacionamiento subterráneo.
Dicha indemnización se ha fijado en algo más de cuatro millones de euros, que es el coste de la obra realizada por Veteris.
En el caso de que en el futuro las sentencias judiciales obligaran a la adjudicación de la concesión por concurso público, el Concello lo convocaría estableciendo un precio equivalente al coste de la indemnización pactada con Veteris, empresa que, de todas formas podría concurrir al concurso.
Casal destacó que la fórmula adoptada por el gobierno local es «a máis áxil para a posta en funcionamento do estacionamento», que dará servicio a una zona de la ciudad carente de este tipo de instalación. Además, al pactar la hipotética indemnización con Veteris, se garantiza que el Concello no sufrirá perjuicio económico llegado el caso.