Ponte Caldelas advierte de que solo 2 de los 90 afectados por el fuego recibirán ayudas de la Xunta
PONTE CALDELAS
El Concello reclama que la Xunta habilite una oficina para atender las reclamaciones de los afectados
06 nov 2017 . Actualizado a las 07:40 h.Lo venían denunciando distintos colectivos y el Concello de Ponte Caldelas lo confirmó ayer. Las ayudas aprobadas por la Xunta para paliar los daños ocasionados por la oleada de fuegos forestales son «subvencións moi complexas, afastadas da realidade galega e de difícil tramitación».
De hecho, el alcalde de esta localidad, el socialista Andrés Díaz, estima que solo dos de los cerca de noventa damnificados del concello podrán acogerse al decreto autonómico. Los afectados reseñan desde la pérdida de la casa hasta daños parciales de distinta índole, ya fuera en una vivienda o en instalaciones auxiliares, así como reclaman por la muerte de animales, destrucción de maquinaria o la pérdida de plantaciones y cultivos. En este punto, Díaz lamenta que la Xunta «esquece que as persoas máis prexudicadas son, en moitos casos, as máis humildes porque vivían máis enriba do monte. Hai casos de familias habituais dos Servizos Sociais, que saben que van ao Concello e se lles bota unha man para saír adiante e que son incapaces de enfrontarse á morea de papeis que se lles vai pedir».
«Van dicir que esaxeramos ou que mentimos, pero cando todo isto remate veremos, negro sobre branco, a canta xente chegaron», advirtió al respecto.
Exigen que se abra una oficina en la casa consistorial de atención a afectados
Fue uno de los epicentros de la comarca de Pontevedra en la más reciente oleada de incendios forestales, un drama que ha dejado una cicatriz en buena parte del monte de Ponte Caldelas. Coincidiendo con la finalización del tratamiento con paja y material vegetal triturado -mulching- de las zonas calcinadas más próximas a los manantiales de traídas de agua vecinales, el alcalde Andrés Díaz anunció que exigirá que la Xunta habilite en la propia casa consistorial una oficina de atención a los damnificados para que funcionarios de la Administración autonómica «encaixen e tramiten as súas reclamacións».