Nueva «vaga de lumes», viejos errores

Se repiten dramas. Y también, como en aquel 2006 marcado por los incendios, el intercambio de acusaciones entre dirigentes políticos y Administraciones


Atravesar Parada, Covelo, A Insua, entre otros lugares de Ponte Caldelas, sobrecoge. Ha transcurrido una semana de las lenguas de fuego que arrasaron esos enclaves y la visión aún es horripilante. A pesar de la acción de la lluvia, el mejor bombero que disponemos los gallegos, el suelo todavía desprende calor. Incluso en algunos puntos se pueden ver columnas de humo que delatan rescoldos que se van apagando lentamente bajo la cubierta vegetal, ahora calcinada y ennegrecida.

Observar desde un altozano la huella que dejó el fuego alrededor de la fábrica de Nefab y acreditar que lograse safar de una destrucción predecible minimizando daños en las instalaciones principales, constituye una muestra de la valiente respuesta social. Detrás de esta nueva vaga de lumes se evidenciaron centenares, si no miles de historias de solidaridad; de arrojo de personas anónimas, vecinos, voluntarios, trabajadores -como en el caso de la factoría de embalajes- que impidieron que la ola de incendios destruyese y matase a más personas.

La corriente de solidaridad generada se compone de muchas microhistorias. Como la del matrimonio formado por Elena Buch y Harry Price y sus tres hijos pequeños que sobrevivieron al incendio que barrió A Insua. Aunque hayan perdido gran parte de su vivienda, arrasada por el fuego. Al menos la respuesta del Ayuntamiento y de sus convecinos les ha permitido tener un techo temporal donde cobijarse. En Caritel, curiosamente en la misma casa donde hace años estuvo realojada una de las familias gitanas cuyas chabolas fueron derribadas en O Vao. Paradojas de la vida.

Ponte Caldelas fue zona cero

El domingo pasado, la atención mediática se centraba sobre Gondomar, Nigrán, Vigo, As Neves, Pazos de Borbén, Redondela… Y Soutomaior, hasta ese momento el concello más cercano al área de influencia de la capital de la provincia que esta vez escapó de esta nueva vaga de lumes. El caso de Ponte Caldelas estaba inicialmente fuera de foco, a pesar de los denodados intentos de Andrés Díaz, su alcalde, por urgir al 112 para que la Xunta de Galicia mandase brigadas a apagar los sucesivos focos que rodeaban a la villa. Aunque su prolífica actividad en redes sociales ya daba pistas de madrugada. Las horas y días posteriores han desvelado la auténtica dimensión del daño recibido. Casi tres mil hectáreas de monte arbolado y raso ardieron, convirtiendo a Ponte Caldelas en el segundo municipio más damnificado de la provincia (solo As Neves le superó con cinco mil hectáreas quemadas).

Lo ocurrido con este concello fue uno de los diversos motivos que desencadenó la refriega política que inevitablemente vuelve a sucederse a todos los niveles. La tregua duró apenas unas horas. Después del espanto inicial que dejaron las muertes de cuatro personas y la convicción de que estábamos ante una situación extraordinariamente grave por las pérdidas personales y materiales. La bula ya se acabó el mismo lunes.

No es una sensación; es una convicción. Seis y once años después de las anteriores oleadas de incendios forestales, se repiten calcados tics. Así, se clama contra los criminales que causaron tanta destrucción a los que tipifica como «terroristas incendiarios», aunque semejante denominación suene más a terapia de grupo que a la identificación efectiva de una organización delincuencial coordinada.

No hemos aprendido nada

Se vuelve a insistir a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad (lo han hecho Rajoy como Feijoo) para que busquen tramas que en el 2006 también se sospechaban y nunca se probaron. Se repiten las críticas por los recortes de dotaciones en brigadas de extinción cuya profesionalidad al menos no se cuestiona. Sí se polemiza, en cambio, por la externalización de parte del operativo, tanto terrestre como helitransportado. Y además, entre Xunta de Galicia, Diputación de Provincial y concellos, como el de Pontevedra, se reitera la polémica sobre la responsabilidad de atender los fuegos en villas y pueblos que carecen de personal propio y el papel a desarrollar por los parques municipales y por los comarcales…

Hace once años, el principal incendio, que destruyó más de 10.000 hectáreas de monte, ocurrió entre Cerdedo y Cotobade y provocó la muerte de dos mujeres. La Guardia Civil detuvo a Serafín Pardiñas. Un pobre hombre al que se vinculó con ese incendio. Se le procesó. Fue a juicio con jurado. No se precisó veredicto. La ausencia de pruebas concluyentes, provocó su puesta en libertad. Una vez más, el sistema falló.

Y luego hay otra vía de debate que también resulta recidivante: los grados de responsabilidad de las comunidades de montes y de los propietarios privados; que va a pasar con la madera quemada y al final, la guinda, la eucaliptización de muchas hectáreas que prefieren apostar por esa especie de venta garantizada a las pasteras que por árboles autóctonos cuyo crecimiento requiere muchos más años… ¿Cuántas décadas más, cuántas vagas de lumes más tendrán que acontecernos para que cese tanto ruido y asistamos, en cambio, a consensos para políticas efectivas?

Si aceptamos el símil entre los crímenes de violencia de género y los generados por quienes incendian intencionadamente los montes, la gestión de soluciones efectivas no llegará hasta que se asuma que uno y otro son problemas que necesitan pactos de Estado.

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