«El furtivismo está derivando en un problema de seguridad ciudadana»

Álvaro Lago, teniente del Seprona en Pontevedra,  aboga por que los jueces prohíban el acceso de los furtivos a los arenales

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Pontevedra / La voz

Superado el ecuador del 2018, los agentes del Seprona de Pontevedra, según precisó el teniente Álvaro Lago, han constatado un «incremento de las denuncias por maltrato animal. De unos años para aquí es un aumento continuo. De igual modo, lo relativo a la gestión de residuos es un tema recurrente. Es algo que no baja. Hay circunstancias que pueden variar la estadística, caso de los incendios. Como los de octubre no había precedentes. La ley del péndulo dice que después de un año con muchos incendios o en los que arden grandes superficies, le sigue otro en el que lo normal es que no haya tantos».

-Alude al maltrato animal, ¿el incremento es consecuencia de una mayor concienciación o es que se producen más casos?

-Es consecuencia de una mayor concienciación, pero es que, además, los canales para hacernos llegar las denuncias son variados. Incluso, desde la Jefatura del Seprona se ha puesto en marcha una campaña por Twitter. En el ámbito penal, el maltrato tiene que conllevar un resultado sobre la salud del animal. Eso de tenerlo atado muchos días, que genera muchas denuncias, no tiene porqué ser un ilícito penal, sí puede ser una denuncia administrativa.

-¿Existe una casuística especial respecto a otras provincias?

-Tenemos casi de todo. Cuestiones de urbanismo, problemas con ganadería mostrenca, furtivismo, existe un gran sector de pesca, tenemos incendios forestales, la frontera con Portugal...

-¿Y qué es lo más llamativo de este último año o año y medio?

-El furtivismo. Es un problema que está derivando hacia la seguridad ciudadana. Son gente que, a veces, responde con violencia a los controles. En Poio ya tenemos a alguno encausado por un delito continuado. Son delitos que no conllevan prisión y eso nos limita a la hora de actuar. Ya no solo es que se puedan enfrentar a agentes de la autoridad, caso de la Guardia Civil o la Policía Local, sino a los gardapescas, la seguridad privada de las cofradías.

-¿Cuál puede ser una solución?

-El problema es que el Código Penal no tiene penas de prisión y nos limita. Los identificamos, le aprehendemos el género y, al día siguiente, los volvemos a identificar. La forma es que los jueces dicten órdenes cautelares para prohibirles el acceso a los arenales y, en cuanto incumplan, procederíamos a su detención.

-Hace unos años, el urbanismo solía copar buena parte de las actuaciones de su unidad.

-Es algo que ha caído, sobre todo, por la crisis del ladrillo, por la presión que se produjo con la creación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y porque el sentimiento de impunidad que había fue desapareciendo. En los Concellos hay una mayor concienciación de que puede conllevarles un problema la permisividad.

-Hace un mes sorprendió la operación de Salvaterra...

-En Pontevedra es la operación más grande, con mayor número de especímenes CITES intervenidos. Seguimos trabajando. Aún desconocemos el origen de las piezas y el sospechoso tenía un volumen muy amplio de transacciones económicas vía Internet. Se ha elaborado una ficha por cada una de las tallas y se está comprobando si hay denuncias por robo.

-¿Hasta que punto es importante la colaboración ciudadana?

-Con que nos hagan llegar la información, vamos a actuar. Ya si se personan aportando la filiación, al fin y al cabo es un testigo presencial, nos ayudaría mucho para el esclarecimiento. Pero si no quieren involucrarse hasta ese punto, nosotros guardamos el anonimato. La información nos vale igual, pero nos va llevar más trabajo.

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