Los dueños del Pazo de Romay apuran la vía administrativa ante la expropiación de una parcela

Los afectados anuncian una posible denuncia por prevaricación


Poio / La voz

Mediante un recurso de reposición, los propietarios del Pazo de Romay han apurado la vía administrativa para oponerse a la expropiación por parte del Concello de Poio de una parcela que permita mantener el vial de acceso a una urbanización próxima. Los afectados consideran que la decisión no solo vulnera las previsiones legales, sino que tampoco respeta «los propios principios que inspiran la normativa».

Al igual que han venido manteniendo los últimos años, entienden que no existe un interés público o general en esta resolución. De hecho, inciden en que lo que están padeciendo «no es otra cosa más que la expropiación de un terreno para beneficio exclusivo del propietario colindante», de tal modo que descartan las tesis municipales en relación con la declaración de necesidad de ocupación de estos terrenos.

En este punto, los titulares del Pazo de Romay insisten en que, dadas las formas en las que se han producido estas decisiones, podría sospecharse de una «desviación de poder» o, incluso, «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico».

De hecho, han anunciado que se reservan el derecho a iniciar acciones penales contra miembros del gobierno local de Poio por si pudiera existir una supuesta prevaricación administrativa. De igual modo, no descartan denunciar el asfaltado de la parcela, así como el desbroce de maleza realizado, dado que consideran que se trata de un acceso no autorizado a una propiedad particular: «No desconocían los responsables de dichos actos la existencia de una sentencia judicial del 2015 que determinaba la propiedad privada de dicho terreno».

En todo caso, en su recurso de reposición ante la alcaldía, los afectados remarcan el «fin privado» de la expropiación, una acción que «únicamente pretende resolver, a costa de un ciudadano, las consecuencias de la negligente actuación de una promotora inmobiliaria y el Concello».

Este recurso se suma a la reclamación previa por daños interpuesta hace apenas dos semanas como consecuencia del asfaltado de los terrenos. A este respecto, el documento refiere que «se ha producido una malversación de caudales públicos, ya que se han empleado horas de trabajadores contratados por el Ayuntamiento para hacer trabajos en una finca privada, así como uso de materiales y demás gastos con el dinero de los ciudadanos».

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