La APLU declaró ilegalizables las obras de esta casa compuesta de sótano, planta baja y bajo cubierta
16 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de fallar contra un vecino de San Vicente de Cerponzóns que levantó una vivienda unifamiliar, unas obras que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística declaró «ilegalizables». De este modo, ordena la demolición de la casa, que está compuesta por un sótano, planta baja y bajo cubierta.
A finales del 2010 se había acreditado judicialmente que las «obras de la vivienda no estaban terminadas; que no constaba que tuviese suministro de agua corriente; que en el de energía eléctrica se había dado de alta en el año 2007; y que las obras del muro de cierre y del galpón no son anteriores al año 2005». Tales argumentos sustentaron la tesis de que no cabía hablar de caducidad en este proceso.
Es por ello que el TSXG ordenó a la APLU que actuase, «ya que sus facultades en orden a esa reposición [de la legalidad] no habían caducado». De este modo, se le instaba a «comprobar y detallar las irregularidades que pudiesen existir y concluir [el expediente] en la forma procedente, bien declarando el carácter ilegalizable de todo lo construido o, en su caso, otorgando el plazo legal para la legalización de aquello que sea posible».
Todo parece indicar que los técnicos urbanísticos se decantaron por la primera de las opciones y, consecuentemente, consideraron que estas obras no eran susceptibles de legalizar. Su decisión fue corroborara inicialmente por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra que, además, impuso al afectado el pago de las costas, con un máximo de cuatrocientos euros.
Disconforme recurrió alegando que había caducado la posible acción pública y solicitando la revocación de la condena, circunstancia con la que el TSXG discrepa. Y de nuevo, le han impuesto el pago de las costas hasta un máximo de trescientos euros por honorarios de letrado.
En este marco, y en lo que va de año, la APLU ha constatado un total de ocho demoliciones de edificaciones ilegales, la última de las cuales tuvo lugar el pasado mayo en el municipio de Poio y afectó a una edificación en suelo no urbanizable común. En Cuntis se ejecutaron dos derribos de obras levantadas en terrenos no urbanizables de protección agrícola, mientras que el resto de actuaciones ocurrieron en Portas, Poio, Vilaboa -una caravana-, Sanxenxo y Bueu.