La disputa por el vial del Pazo de Romay puede dejar sin accesos a una urbanización de Poio
POIO
La Justicia ha dado la razón a los dueños del inmueble y el Concello apura los trámites para la expropiación
01 jul 2017 . Actualizado a las 05:05 h.El acceso a, al menos, cuatro viviendas de una urbanización de Poio está en el aire por el conflicto que mantienen el gobierno local con la familia propietaria del Pazo de Romay.
La disputa tuvo su origen tiempo atrás cuando el Concello decidió asfaltar y denominar travesía a un viejo vial que era utilizado por los dueños del inmueble al considerar que el camino era de uso público. Sin embargo, los tribunales fallaron en contra de los intereses municipales y le dieron la razón a los propietarios: «Es objetivamente cierto que en la documentación referida por el Concello apelante el terreno litigioso figura como camino público. Pero no se justifica esa naturaleza anterior, sino una calificación reciente derivada de un posible uso tolerado, pero sobre todo de la necesidad de acceso a terreno urbanizado».
De este modo, la Audiencia de Pontevedra calificó de acto unilateral a la actitud del Ayuntamiento, al tiempo que aclaró que tal decisión «no otorga naturaleza pública a lo que se justifica privado».
Los magistrados determinaron entonces no solo que el Concello debería retirar el cartel que identifica el vial como travesía, sino que confirmó que su titularidad pertenecía a la familia Romay.
Esta decisión ha espoleado al gobierno local a buscar como solución el acudir a la expropiación forzosa, un movimiento que no ha gustado nada a los dueños del pazo. En primer lugar, porque, según reprochan, tal acuerdo se habría notificado al domicilio del abogado Fernando Romay tiempo después de que este hubiera fallecido en trágicas circunstancias y, en segundo lugar, porque en ningún momento han percibido interés por parte de esta Administración en sentarse a dialogar o, al menos, a negociar.
Es por ello que no descartan acudir, de nuevo, a la Justicia al entender que en la adquisición no obedece a un interés general o público, sino que busca beneficiar con dinero público a un tercero. Esto es, a la promotora que construyó la urbanización.