El Ejecutivo elude implicarse en la mejora de las deficiencias detectadas por la UE
18 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Administración central se desentiende de los problemas de saneamiento de la ría de Pontevedra, sosteniendo que es una competencia de la comunidad autónoma y, por lo tanto, que es una situación que le corresponde solucionar a la Xunta. Esta es la respuesta del Ejecutivo central a una pregunta del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, donde se le pedía que aclarase qué se iba a hacer desde Madrid para atajar la problemática detectada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año pasado y que precisó la mala situación de varios puntos de España, entre los que se encontraban las deficiencias observadas en materia de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Pontevedra, Marín, Poio y Bueu.
El Estado se ha defendido del tirón de orejas de la Unión Europea remontándose a la herencia recibida de los años de bonanza y precisando que se hicieron auditorías a todas las comunidades autónomas ante la situación «muy preocupante por la ausencia de planificación y priorización de inversiones» antes de la llegada de Rajoy al poder en Madrid. Fruto de este examen de las deficiencias más graves en depuración, se establecieron inversiones, en primer lugar, en base a los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea a España, así como aquellas que se encontraron también con el calificativo de urgentes.
Estas iniciativas se plasmaron a través de la financiación del Plan Crece, que en el año pasado en Galicia permitió abordar quince actuaciones de saneamiento y depuración. En la provincia de Pontevedra, por ejemplo, se realizaron los saneamientos de Vigo y O Porriño y la nueva estación de bombeo en Areas. La inversión durante el 2013 superó los 187 millones de euros. Hubo también intervenciones del Plan Crece en las restantes provincias gallegas hasta sumar 321 millones de euros en toda la comunidad autónoma. A la hora de fijar nuevas actuaciones, están previstas en Galicia en el marco del Plan Crece tres actuaciones en la provincia de A Coruña (110 millones) y otra en la provincia de Ourense (15 millones).
En relación con las cuestiones planteadas sobre las aguas residuales en la ría de Pontevedra y los municipios de su entorno, la respuesta del Estado no deja lugar a dudas. No le corresponde. «Se debe tener en cuenta que es la comunidad autónoma de Galicia la Administración competente para su ejecución», matiza el informe estatal. En este sentido, en su informe técnico se le indica a los diputados de la oposición que a quién tienen que solicitar información sobre cómo solucionar los problemas que inciden en la denuncia de la Comisión Europea y en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es a la Xunta.
La apuesta de Medio Ambiente prevé un nuevo emisario y ampliar Os Praceres
La resolución judicial europea fue solo uno de tantos elementos que forzaron definitivamente a la Xunta a tomar cartas en el asunto y afrontar la mejora del saneamiento de la ría de Pontevedra. En la actualidad se encuentran en fase final de elaboración las batimetrías sobre el fondo de la ría así como los análisis y estudios sobre las redes de aguas residuales de Pontevedra, Marín y Poio, principales concellos que utilizan la depuradora de Os Praceres. Es en esta EDAR donde se focaliza la atención y las quejas de los sectores pesquero, marisquero y vecinales, como uno de los focos de contaminación, cuando debería ser una de las soluciones. La depuradora no está preparada para recibir el elevado caudal de aguas que derivan a sus tanques y esto provoca el alivio al mar.
La ampliación de Os Praceres es uno de los objetivos pendientes y cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción. Además de la inversión de la Administración autonómica, en esta EDAR habrá que sumar los 15 millones de euros que aportará Ence en cumplimiento del pacto ambiental suscrito en su día con la Xunta. Está también en marcha la colocación de un nuevo emisario submarino, que derive las aguas tratadas en la EDAR a una zona de la ría más abierta al mar y con una mayor dispersión y disolución de partículas ante cualquier contingencia. Además, este año se colocará un colector general nuevo en Marín, aunque falta todavía por decidir dónde irá la EDAR de Poio.