Penas de cárcel para la trama de los anabolizantes en gimnasios

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

POIO

Hasta ayer, Julio García Pampín había mantenido su inocencia y negado las acusaciones.
Hasta ayer, Julio García Pampín había mantenido su inocencia y negado las acusaciones. Capotillo

Tanto la farmacéutica como los culturistas fueron, igualmente, inhabilitados

30 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La operación Fitness, desarrollada en noviembre del 2014 por la Guardia Civil en Pontevedra, fue pionera en atacar la distribución de productos anabolizantes entre los usuarios de gimnasios. Ayer, tanto los cinco culturistas a los que se dirigió la acusación de la Fiscalía como la farmacéutica de Poio que les facilitó algunas de las sustancias dopantes aceptaron un acuerdo con el fiscal antidroga provincial por el que asumieron penas de prisión -se mueven entre los seis y los diez meses de cárcel- y multas. Igualmente asumieron dos años de inhabilitación para el ejercicio profesional, en el caso de la farmacéutica, o para la realización de cualquier profesión, retribuida o no, o actividad profesional relacionada con el deporte en general y con el culturismo en particular en el supuesto del resto de encausados.

De este modo, la titular de la farmacia de Poio reconoció que, entre octubre del 2012 y julio del 2013, «estuvo dispensando, sin justificación terapéutica alguna y sin prescripción médica para ello, diversas sustancias y productos farmacéuticos cuyos componentes o principios activos se encontraban incluidos en la Lista de Sustancias y Métodos prohibidos en el Deporte». Se añade que gran parte de estas sustancias fueron suministradas por Ana María R. V. a Héctor Eduardo R. G. pese a que era «plenamente consciente de que esta persona practicaba actividad deportiva en un gimnasio y de que las sustancias y productos farmacológicos que le suministraba, al hacerlo fuera de los cauces legales, ponían en peligro su salud».

De este modo, solo entre el 9 de enero y el 4 de julio del 2013, le vendió cerca de trescientos envases de distintos anabolizantes, entre los que había esteroides, derivados de testosterona y otros con acción hormonal.

Por su parte, en su faceta de monitor de gimnasio, Héctor Eduardo «estuvo ofreciendo, suministrando y facilitando, sin justificación terapéutica alguna», estos productos a usuarios que practicaban deporte como actividad lúdica. En el curso de esta investigación fueron identificados dieciocho de estos clientes, quienes buscaban aumentar sus capacidades físicas.

En cuanto al resto de acusados, la nómina incluye a Jaime G. B. un vecino de Narón que actuaba de la misma manera que Héctor Eduardo. De hecho, se comprobó que, en alguna ocasión, llegó a actuar como intermediario de este en alguna de las ventas, «percibiendo como contraprestación de su actividad ilícita un porcentaje del precio final de venta.

La Fiscalía también imputó a un vecino de Poio, Damián S. C., y a un madrileño, Rafael C. G., así como a un excampeón de España de culturismo, Julio García Pampín. En todos estos casos, reconocieron haber suministrado los anabolizantes y fármacos a usuarios de gimnasios fuera de los cauces legales y sin prescripción médica para ello. De hecho, la operación Fitness fue la primera que se desarrolló en España contra el dopaje fuera del ámbito de la competición.

La investigación de la Guardia Civil sacó también a la luz el uso por parte de culturistas aficionados de sustancias de uso veterinario. Así, Rafael, aprovechando que era gerente de una hípica, consiguió un medicamento compuesto por clembuterol líquido que suministró a Héctor Eduardo sabiendo que lo iba a destinar al consumo humano y no animal con la finalidad de aumentar sus capacidades físicas

En casa de un excampeón de España se hallaron casi una treintena de sustancias

El de Julio García Pampín, excampeón de España de culturismo, fue el rostro de la operación Fitness. A fin de cuentas fue el único de los encausados que, a priori, ha tenido una carrera como deportista profesional en el mundo de culturismo.

Tras ser detenido y en una entrevista a La Voz, no solo se desmarcó de las acusaciones -«yo no suministro»-, sino que aseguró que en su domicilio de Pontevedra únicamente «se encontraron dos cosas, dos cositas que son las que utilizó yo. Son unas pastillas como las que puede tener cualquiera en su casa, pero ellos consideran que eso es un fármaco, un medicamento y se lo llevaron». Cuatro años después, ha aceptado 8 meses de cárcel.

Fármaco para estimular óvulos

Sin embargo, la realidad es que, según refleja la sentencia aceptada ayer por los acusados, en su vivienda fueron intervenidas casi una treintena de sustancias en distintas presentaciones, inyectables o comprimidos. Así, se alude a hormonas de origen chino hasta esteroides, como la nandrolona o el testoviron, pero también fármacos, como Gonal, que se prescriben a mujeres para estimular controladamente su ovulación en un ciclo de inseminación artificial.

En su caso concreto, y al igual que el resto de culturistas encausados, ofreció y distribuyó este tipo de productos entre usuarios de gimnasio que buscaban en el deporte una actividad lúdica y, a priori, alejada de las competiciones. En todo caso, era «plenamente consciente de que tales sustancias (...) ponían en peligro la salud de los consumidores».