Derribos con sordina

La Voz EUGENIO GIRÁLDEZ

POIO

Las chabolas fueron derribadas por una sentencia judicial de hace varios años.
Las chabolas fueron derribadas por una sentencia judicial de hace varios años. capotillo< / span>

La demolición de tres chabolas en O Vao, pactada y sin incidentes, no disimula el problema que supone el poblado desde hace décadas

15 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Nito Sobral, el alcalde de Poio, logró materializar un gol por sorpresa, pero no ganará el partido. Más bien lo tiene perdido desde hace muchos minutos. En realidad, desde hace tantos años como los que lleva al frente del Concello de Poio. En realidad, desde hace tanto tiempo como tantos otros alcaldes, gobernadores, subdelegados, xuntas de Galicia y ministros del Interior que se han sucedido en casi 40 años. El mismo tiempo que pervive, tercamente, ese núcleo de chabolas que se asimila a un gueto irredento al que las fuerzas de seguridad se siguen refiriendo como «el supermercado de la droga de Galicia».

El alcalde Sobral nos sorprendió esta semana con una demolición pactada y pacífica de las tres últimas chabolas judicialmente condenadas en el poblado de O Vao. A diferencia de la primera tentativa, que resultó fallida nueve días antes, en esta ocasión la pala llegó y actuó porque las familias que ocupaban esas infraviviendas fueron realojadas en casas cuyo alquiler sufraga el erario municipal poiense.

El acuerdo se fraguó en secreto. Como sigilosa fue la ejecución del derribo hasta que la noticia llegó a las redacciones.

Lo chocante no es la maniobra previa de Sobral. Lo preocupante es el discurso que ofreció al día siguiente, cuando compareció en rueda de prensa para manifestar su «honda preocupación por la situación muy precaria del poblado». Por cierto, algo más de 300 vecinos empadronados en Poio, que suponen un distrito que le ha sido muy rentable electoralmente a Nito en sucesivos envites.

La afirmación del regidor es tan cierta como oportunista. Es verdad que ninguna Administración ha evidenciado mayor interés en dar una solución a ese emplazamiento de infraviviendas, delincuencia e insalubridad. Tan cierto como que entre esas administraciones incapaces, el propio Ayuntamiento de Poio ha sido copartícipe.

No se ha vuelto a ofrecer una sola solución desde el tropiezo del 2008, en tiempos del bipartito al frente de la Xunta. Más bien parece que se trate de tierra quemada desde que el gobierno de Nito Sobral y la entonces conselleira Teresa Táboas urdieron una solución tan disparatada y nefasta como aquellos realojos por sorpresa de familias gitanas en pisos de Monteporreiro y en unas viviendas de Caritel.

Fue por un corto pero muy convulso espacio de tiempo. Y trajo de propina un lío mayúsculo entre concellos que incluso enfrentó a Sobral con el pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores y también con Perfecto Rodríguez, el regidor popular de Ponte Caldelas.

Voluntad y dinero

Hace muchos años que la solución para O Vao está puesta sobre la mesa. Es multidisciplinar ya que reuniría acciones urbanísticas, sociales, policiales y judiciales. Requiere dos premisas inexcusables: voluntad política y cuartos.

La depuradora que contamina

«¿Saben cuál es el colmo de los colmos? Una depuradora que contamina». Pero no es chiste, sino una contundente realidad. Para severo disgusto de las mariscadoras de la Cofradía de Lourizán, que no dan crédito. El que contamina, esta vez, no es Ence ni otras industrias, sino simple y llanamente la propia Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Placeres.

Por tanto, contamina una instalación llamada a evitarlo. Todo un disparate, una broma pesada, más bien macabra a la vista de los daños infligidos en una zona donde se trabajaba desde hace años en recuperar un banco marisquero.

Parece ser que el origen del escape fue la genial decisión de vaciar depósitos para realizar trabajos de mantenimiento de la EDAR. ¡Vamos, lo que podríamos llamar un sentinazo pero desde tierra!

Denuncia

Es tal el cabreo de las profesionales del sector extractivo que anunciaron que acudirán a la vía judicial a reclamar daños y perjuicios a la estación depuradora y a la Administración tutelante, que resulta ser la Xunta de Galicia.

Lo más chocante de este episodio es que ocurrió solo unas horas después de la visita de la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, quien, a pie de playa, escoltada por una nutrida representación de la Xunta y de otras instituciones provinciales y locales, acababa de reclamar respeto y cuidado para la riqueza marisquera de nuestras rías.

¡Pues vaya con el ejemplo de la Administración!