Rafael Louzán y la delegada de la Xunta en Pontevedra, condenados a dos años de prisión y ocho de inhabilitación

Un juzgado considera acreditado que el expresidente de la Diputación de Pontevedra y ahora presidente de la Federación Galega de Fútbol y la exalcaldesa de Moraña adjudicaron a una empresa unas obras en el campo de fútbol de ese municipio a pesar de que parte de ellas ya estaban realizadas. Luisa Piñeiro acaba de anunciar su dimisión. Louzán anuncia recurso.

La exalcaldesa de Moraña y Rafael Louzán, durante la vista oral el pasado noviembre
La exalcaldesa de Moraña y Rafael Louzán, durante la vista oral el pasado noviembre POOL

Pontevedra / La Voz

La subvención concedida por la Diputación de Pontevedra para realizar unas obras en el campo de fútbol de Moraña ha terminado con la condena a dos años de prisión y ocho de inhabilitación para quien fue el presidente de esa institución provincial, Rafael Louzán, en la actualidad máximo dirigente de la Federación Galega de Fútbol. También ha sido condenada Luisa Piñeiro, exalcaldesa de Moraña y delegada territorial de la Xunta en Pontevedra. Tras conocerse el fallo, anunció su dimisión.

La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra considera probado que ambos, altos cargos del PP, concedieron 86.311 euros para unas obras «que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad».

Rafael Louzán, que en el momento de los hechos presidía la Diputación de Pontevedra, es considerado culpable de un delito de prevaricación, en concurso con un delito de fraude. A Luisa Piñeiro y al por entonces director de infraestructuras de la Diputación se les considera cooperadores necesarios de la prevaricación y autores de un delito de fraude, y reciben la misma condena. También ha sido sentenciado a dos años de cárcel el administrador y un empleado de la empresa adjudicataria del proyecto, Construcciones Eiriña, así como el arquitecto que lo firmó, quien ha sido inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años.

Se les impone un año de prisión y dos de inhabilitación para ayudas públicas a cada uno los responsables de las otras dos constructoras que «accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad, sabiendo que se trataba de un ‘‘mero trámite’’ para adjudicar la obra a Eiriña».

En la sentencia, que es recurrible ante la Audiencia Provincial, la magistrada acredita que la firma a la que se adjudicó en el 2011 la instalación de la hierba sintética del campo de fútbol de Moraña y el levantamiento de unas edificaciones anexas «aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación». El problema que surgió vino determinado por el hecho de que, al tratarse de una obra ejecutada con una ayuda pública, la legislación impedía exceder el importe subvencionado. Esto determinó que se idease «un sistema artificioso, en fraude de ley», para abonar a la empresa el dinero reclamado.

Para hacer frente a este pago, con el acuerdo del presidente de la Diputación (Rafael Louzán), del director de Infraestructuras, del administrador de la empresa, de la alcaldesa de Moraña y de un arquitecto, se adjudicó de manera irregular otra obra a la misma constructora por ese importe, en concreto, las mejoras en el vestuario y los bancos del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya se habían realizado. Esto es, se buscó una alternativa para hacer efectiva la certificación y «obtener una compensación que no les correspondía por cuanto la obra había sido adjudicada por 999.561,23 euros que procedían de una subvención, y consecuentemente era inalterable», dice el fallo.

La magistrada se basa en la audición de las escuchas y la documentación aportada, circunstancias que le llevan a sostener que Louzán «sabía de primera mano (por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado por la Diputación) que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención, ya estaban ejecutada». Esto «evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho».

El futuro de Louzán

Poco después de conocerse la sentencia, Rafael Louzán anunció que la recurrirá, defendiendo su inocencia: «La jueza me considera responsable en el procedimiento administrativo por el mero hecho de ser la máxima autoridad de la Diputación de Pontevedra en ese momento, y en ningún caso, tal y como se indica por parte de la jueza, porque haya pruebas que evidencien conocimiento y/o participación por mi parte en los hechos», dijo.

Louzán evitó desvelar si la inhabilitación para cargo público le obliga a dejar su puesto como presidente de la Federación Galega de Fútbol, cargo que ostenta desde el 2014. Se trata de una entidad privada, pero con funciones públicas, una especie de sociedad mixta, por lo que hay reservas sobre el alcance de esa inhabilitación.

Luisa Piñeiro dimite como delegada territorial de la Xunta y se da de baja en el PP tras su condena

López Penide
Luis Piñeiro, anunciando su dimisión
Luis Piñeiro, anunciando su dimisión

«Non quero prexudicar á institución á que represento», alega, y anuncia que recurrirá el fallo de dos años de prisión y 8 de inhabilitación

Visiblemente emocionada, Luisa Piñeiro anunció esta tarde, apenas dos horas después de conocerse la sentencia que la condenaba por las irregularidades en la concesión de una subvención para obras del campo de fútbol de Moraña, municipio del que era alcaldesa entonces, su dimisión de todos los cargos públicos, entre ellos el de delegada territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra. Además, ha confirmado su baja como militante del Partido Popular, donde ostentaba el cargo de secretaria de organización en la provincia.

«Non quero prexudicar á institución á que represento», recalcó, al tiempo que proclamó su inocencia. De este modo, y al igual que ha hecho Rafael Louzán, ha adelantado que recurrirá la sentencia condenatoria ante la Audiencia de Pontevedra.  Piñeiro insistió en que su proceder en toda la tramitación de la subvención fue correcta, por lo que entiende que el recurso contra la sentencia, además de buscar la revocación de la condena, restaurará su honorabilidad.

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