La Justicia pide a un experto que determine qué rellenos son ilegales en el Puerto de Marín

El informe, solicitado por el TSXG, también ha de especificar el importe de las obras para su demolición


pontevedra / La voz

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) quiere saber con exactitud cuáles son los rellenos del Puerto de Marín que una sentencia del Supremo declaró ilegales al anular el Pan Especial que se aprobó en el año 2000. El auto, hecho público ayer, se enmarca en la acción emprendida por la Plataforma defensora da Praza dos Praceres, que fue la que inició el procedimiento.

Con el fin de determinar qué terrenos se ganaron al mar al amparo del plan anulado, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo emitió un auto por el que se acuerda designar un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos «para que emita un informe gráfico y planimétrico completo sobre el puerto de Marín».

El alto tribunal requiere que el experto señale las obras de relleno que tengan su exclusivo amparo en el Plan Especial aprobado por la Consellería de Política Territorial en octubre de 2000 y posteriormente anulado. Igualmente, tendrá que concretar qué rellenos y obras en el Puerto puedan estar amparadas por otros instrumentos urbanísticos. Tanto por el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 1994 como por el Plan Especial del 2013 o por cualquier otro instrumento diferente al anulado. Y también se pide que se informe sobre si el Plan Especial de 2013 pudiera dar cobertura a las obras de relleno amparadas en el que acabó siendo anulado.

Además, el TSXG también requiere del perito que señale en los planos que elabore los terrenos ocupados por las siguientes empresas: Cabomar Congelados, Pérez Torres Marítima, Ceferino Nogueira SA, Gonvarri Galicia y Cementos Cosmos. Las tres primeras están personadas en la causa que sigue el TSXG a instancias de la plataforma vecinal, como también lo están la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Marín y la propia Autoridad Portuaria.

Asimismo, el ingeniero tendrá que especificar en su informe el importe de las obras que , llegado el caso, habrían de llevarse a cabo para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, así como el tiempo previsto para su ejecución y la afectación que podrían suponer para el medio marino y la actividad portuaria.

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