Los concellos tardan una media de 17 años renovar su urbanismo

Solo seis están adaptados a la última legislación y tres tienen su plan suspendido


pontevedra / la voz

El antiguo refrán popular dice que las cosas de palacio van despacio y al abordar la aprobación de un Plan de Urbanismo este dicho se vuelve realidad. Si se toman como referencia los 34 concellos de la mitad norte de la provincia y en base a los datos oficiales de la Consellería de Medio Ambiente se extrae la conclusión de que la media de tramitación de un PXOM se sitúa en algo más de 17 años. La burocracia, los largos y lentos trámites administrativos y la aplicación de nuevas leyes de obligado cumplimiento a lo largo de los procesos, así como la indecisión de algunos gobiernos municipales -un PXOM puede ser un lastre en votos- y los conflictos institucionales entre concellos, Xunta y Estado son algunas de las claves que explican este dato.

El Sistema de Información da Ordenación do Territorio e do Urbanismo de Galicia (Siotuga), que la Xunta tiene a disposición de los usuarios en Internet, precisa que solo seis de 34 concellos de las comarcas de Pontevedra, Deza y Arousa disponen de un planeamiento urbanístico adaptado a la LOUGA. Se trata de Marín, A Estrada, Rodeiro, Caldas y Cerdedo. El último en incorporarse a este reducido club de concellos con los deberes hechos ha sido el municipio caldense el año pasado. En cuanto a Cerdedo se da la circunstancia que su fusión con Cotobade probablemente fuerce algún cambio en su PXOM, ya que el concello al que se fusionó se rige aún por unas normas subsidiarias de planeamiento de 1997.

Tres municipios de la mitad norte de la provincia tienen sus planes de urbanismo suspendidos por diversas razones. Se trata de O Grove, Portas y Dozón. A estos en la provincia se les suman también Ponteareas y Gondomar, según revela el Siotuga.

Hay concellos con un planeamiento relativamente reciente, tomando como referencia un marco de 10-15 años: Poio (con PXOM desde el 2011), Sanxenxo, Meis y Cesures (2003) o Forcarei (2002). En el furgón de cola se encuentran Silleda (1981), Bueu (1986), Agolada (1987) y Vilaboa (1988).

En la gran mayoría de los concellos de este ámbito sus gobiernos llevan años tramitando nuevos planes de urbanismo, no exentos de problemas. El pasado mayo, por ejemplo, el informe negativo de la Xunta al PXOM propuesto desde Vilaboa supuso una crisis de gobierno con el abandono de la vida política del edil de Urbanismo, tras siete años de tramitación del documento en este Concello. Silleda, por otra parte, está a la espera de la decisión de Santiago desde enero para impulsar su aprobación provisional.

Una norma imprescindible para garantizar el futuro de los núcleos del litoral

Tener o carecer de un plan de urbanismo es una pieza clave a la hora de desatascar uno de los problemas más graves que afrontan, por ejemplo, los concellos del litoral. La reforma de la Ley de Costas abrió la puerta a su reconocimiento jurídico y a darles una entidad urbanística que los alejase de la siempre presente amenaza de la piqueta. Marín, Vilaboa, Sanxenxo, Poio, A Illa y O Grove, entre otros municipios, se encontraban entre los más afectados. Marín, con el PXOM en la mano y aprobado definitivamente pudo zanjar los últimos flecos de un problema social que llevaba abierto más de una década. Vilaboa, sin embargo, no ha podido atender las peticiones de sus vecinos. Sus normas subsidiarias no fijan ninguno de los núcleos litorales tradicionales y Costas se ha resistido a hacerlo. La Xunta le impone como condición para estudiarlo que se apruebe un PXOM y por ahora esto no ha sido posible.

Los planes de urbanismo tienen también en contra de su ágil tramitación las disputas políticas, tanto internas de los partidos como externas por la oposición municipal. La falta de consenso social y la ausencia de ganas de entenderse entre gobierno y oposición han hecho fracasar más de una vez un documento incluso en sus etapas finales. Por si esto fuese poco, la aprobación sucesiva de leyes autonómicas y estatales en múltiples ocasiones impone cambios sustanciales que dilatan las tramitaciones durante años o las hacen empezar de cero.

«El PXOM dio seguridad jurídica a los vecinos y al Concello»

El Concello de Marín tardó 34 años en conseguir superar sus normas subsidiarias y aprobar un PXOM. La alcaldesa que vio la culminación de este trabajo urbanístico en el 2012 fue María Ramallo (PP), que ahora tramita una modificación de algunos aspectos de ese plan.

-¿Qué ganó Marín con el PXOM?

-Ordenar una situación que venía arrastrando desde hacía muchísimos años. Dio una seguridad jurídica a los vecinos y al Ayuntamiento sobre lo que se puede hacer y dónde. Sirvió para legalizar muchas situaciones que las normas subsidiarias no dejaban porque estaban obsoletas. Se dotó a Marín de un planeamiento que tiene en cuenta la legislación vigente y está adaptada a las nuevas leyes que van saliendo. Dio encaje a muchos problemas que arrastrábamos. Hay que recordar que las normas eran de 1978.

-¿Qué graves problemas solucionó este plan?

-Para dar solución a los núcleos de litoral contar con un PXOM fue el paso definitivo. Sirvió para conseguir poner fin a la inseguridad jurídica existente. También ha servido para resolver dudas que había en algunos otros suelos. Un plan podrá siempre mejorarse, pero para nosotros significó mucho. Cinco años después hemos detectado cuestiones que hay que mejorar y solventar y eso estamos haciendo. Un PXOM no es algo estático, sino un instrumento para un desarrollo urbanístico ordenado.

-Marín tardó mucho. ¿Por qué se dilata tanto aprobar un plan?

-Hubo muchos pasos en el medio en esos años. Hay que tener en cuenta muchísimas normativas, a veces excesivamente cambiantes y lo que se ha tendido es a limitar determinados usos ambientales y se intenta que todo tenga unos cauce claros y exhaustivos sobre el uso que se va a permitir en cada sitio. En 34 años han cambiado muchas cosas, protecciones ambientales, patrimoniales y la adaptación a la tipología urbanística. La transparencia del proceso, que es muy garantista, también lo hace complejo. Los ayuntamientos no tenemos infraestructura para tramitar un plan y por eso tenemos que acudir a consultores externos. La nueva Lei do Solo va a contribuir a minimizar los trámites sin eliminar las garantías de audiencia a los vecinos y transparencia.

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