Veinte concellos de la provincia negocian una solución ante Costas
03 ago 2015 . Actualizado a las 09:02 h.Era el dato mejor guardado. Los concellos implicados han llamado la atención en múltiples ocasiones sobre la dimensión del problema, pero nunca habían puesto una cifra concreta sobre la mesa. La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha arrojado algo de luz al fin: en la provincia, hay algo más de 700 viviendas afectadas por la polémica de los núcleos de litoral, el conflicto que mantiene en un limbo legal las casas de cientos de familias.
De acuerdo con los datos facilitados a La Voz por Costas, en la provincia hay en estos momentos 87 núcleos afectados por esta problemática repartidos en veinte concellos: Marín, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Vilaboa, Vilanova, A Illa, O Grove, Catoira, Meaño, Vigo, Redondela, Oia...
En todos estos casos, lo que pretenden los concellos es que el ministerio rebaje la franja de protección desde los 100 metros a los veinte, amparándose en una de las disposiciones que estableció en el 2013 la reforma de la Ley de Costas de 1988. Para lograr su objetivo, tal y como consiguió Marín por ejemplo con el caso de Loira, cada ayuntamiento tiene que demostrar que el núcleo en cuestión reúne una serie de características: servicios básicos, porcentaje de edificación, consolidación previa...
El caso es que este proceso está resultando un tormento para un buen número de concellos, que han colisionado con el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente para hallar una solución al conflicto por la vía de acreditar que cumplen alguno de los requisitos establecidos en la normativa actual. En estos momentos, de hecho, de los 87 núcleos de la provincia para los que se solicitó la reducción de la zona de servidumbre, 29 todavía se encuentran en fase de estudio, por lo que los dueños de viviendas en estas zonas aún deberán esperar para conocer el futuro de sus propiedades.
Aquellos que logren legalizar sus inmuebles, podrán respirar tranquilos, pero habrán de sujetarse a un marco muy estricto. Y es que la modificación de la Ley de Costas ha creado un marco muy estricto sobre lo que se puede y no se puede hacer en estas viviendas: se podrán reformar, consolidar y modernizar, eso sí, con el mismo volumen de edificación que ya tienen. Esto es, el ministerio no permite ni un nuevo metro cuadrado más en cada una de estas casas.
Problemas constructivos
Es esta una cuestión de trascendental importancia para los propietarios afectados, toda vez que la situación de alegalidad en la que se encuentran a día de hoy ha generado situaciones dantescas. No son pocas las viviendas que presentan en la actualidad graves problemas constructivos que no se reparan precisamente porque los dueños temen que sus viviendas acaben siendo ilegales y que, por tanto, su inversión acabe en saco roto. En una línea similar, hay casas afectadas con una distribución de espacios anticuada (baños fuera del inmueble, por ejemplo), que no serán reformadas en tanto no se dirima esta polémica.
Cuatro requisitos para zanjar un asunto espinoso
Para legalizar las viviendas afectadas por la servidumbre de protección y rebajar de esa forma el perímetro desde los cien a los veinte metros, los concellos deben cumplir una serie de requisitos previstos en la reforma de la Ley de Costas que entró en vigor en mayo del 2013. Estos son los cuatro elementos clave:
PXOM. El Concello debe contar con un plan general o un instrumento urbanístico (léase unas normas subsidiarias) que reconozca el núcleo como tal antes de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Costas el 29 de mayo del 2013.
La Ley de Costas de 1988. El núcleo debe estar consolidado por la edificación antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, esto es, antes del 29 de julio de aquel año.
Servicios básicos. El núcleo a legalizar, los aludidos 87 en el conjunto de la provincia, tenía que disponer de los servicios básicos (agua, luz...) antes del 29 de julio del 88.
Porcentaje de edificación. La reforma de la Ley de Costas del 2013 establece que el núcleo deberá estar consolidado por la edificación en un porcentaje mínimo determinado: o un tercio del total de la superficie del núcleo si cuenta con los servicios básicos, o dos tercios del total si aún tiene carencias en la dotación de estas infraestructuras.
100
Metros de protección
Esa es la franja de servidumbre fijada en la Ley de Costas de 1988 y que se conserva aún.
20
Legalizar las casas
Lo que piden los concellos se prevé en la ley: rebajar la franja de protección a 20 metros.
87
Núcleos afectados
En la provincia hay una veintena de concellos con este problema que reúnen a 700 casas.